La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta México, al asumir tan honroso cargo enfrentará una serie de desafíos cruciales en el ámbito de la salud. En un país donde las desigualdades y las deficiencias en el sistema sanitario son evidentes, su administración tendrá la oportunidad de implementar cambios significativos que mejoren la calidad de vida de millones de mexicanos.
El sistema de salud en México se encuentra en una situación precaria. Según datos del CONEVAL, el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud paso de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022, lo que equivale a un cambio de 20.1 millones a 50.4 millones de mexicanos, respectivamente.
Uno de los mayores retos para la nueva administación federal será precisamente garantizar el acceso universal a los servicios de salud. Un reto sempiterno. Promesa reiterada en cada plan sexenal de gobierno. Actualmente las disparidades regionales hacen más complicada esta aspiración, con comunidades rurales que carecen de centros de salud básicos. La transición del sistema de salud en México del Seguro Popular al INSABI y posteriormente al IMSS-Bienestar, ha sido un proceso complejo marcado por diversas problemáticas, desafíos y fracasos.
La reforma de 2019 a la Ley General de Salud que eliminó el Seguro Popular sustituyéndolo por el INSABI, con la noble intención de ampliar y mejorar la atención sanitaria, devino en uno de los fracasos más lamentables al grado de convertirse en un concepto innombrable del que nadie quiere acordarse mientras la publicidad gubernamental se aboca a redimirse con elogios a las supuestas bondades del nuevo programa IMSS- Bienestar.
El Seguro Popular brindaba cobertura para una variedad extensa de intervenciones, procedimientos y medicamentos, utilizando un modelo de financiamiento que incluía un análisis socioeconómico para evaluar la capacidad de pago. En contraste, el INSABI prometió eliminar las cuotas de afiliación y los costos por atención médica, aunque en la práctica enfrentó desafíos y ambigüedades en la prestación de servicios, sin ser claras sus reglas de operación. Hoy es parte del cementerio institucional, pasó a mejor vida sin que hubiera responsables.
Ahora el IMSS-Bienestar, que pretende consolidar la atención para personas sin seguridad social, ha encontrado obstáculos relacionados con la infraestructura y la distribución de recursos. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas deficiencias, revelando la falta de infraestructura adecuada, personal médico insuficiente y mal remunerado, y un sistema de respuesta ante emergencias poco eficaz, con intervenciones tardías, dejando por un lado la aplicación del método científico.
Según el reporte de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19, en México, de 2020 al fin de la emergencia sanitaria, sumaron en total 808,619 muertes en exceso, ocupando el 4° lugar mundial en este siniestro rubro, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, después de Perú, Bolivia y Ecuador. Por otro lado, en el país se registraron 4,843 muertes de personal de salud por COVID-19, la cifra más alta registrada en todo el continente americano.
Las enfermedades crónicas son otro reto crucial pues representan una carga significativa para el sistema de salud en México. De acuerdo con la ENSANUT 2022, la prevalencia en adultos mexicanos es alarmante: el 38.3% presenta sobrepeso, el 36.9% padece obesidad, el 47.8% sufre de hipertensión arterial y el 12.6% ha sido diagnosticado con diabetes. Además, la salud mental, frecuentemente en un segundo plano, demanda atención urgente. Hasta ahora, las políticas públicas no han sido suficientes para abordar estas problemáticas de manera integral, lo que deja un panorama complejo para la nueva administración.
El pasado jueves, la doctora Sheinbaum presentó parte de su gabinete, entre ellos al futuro secretario de Salud, el Dr. David Kershenobich, con una amplia trayectoria en el área científica y de la salud muy reconocida y acreditada. Especialista en Medicina Interna y Gastroenterología, con doctorado en Medicina y reconocimiento a nivel nacional e internacional.
En México, la Constitución garantiza el derecho a la atención médica y “la protección de la salud” (art. 4) pero el financiamiento insuficiente ha sido el eterno obstáculo institucional. Este reto se le presenta ahora a la doctora Sheinbaum, quien aún no ha propuesto aumentar el gasto en salud, actualmente en 2.9% del PIB, el más bajo entre los países de la OCDE.
Los retos en salud que enfrenta la nueva administración son considerables, pero no insuperables. Esperemos un enfoque integral en las problemáticas más alarmantes, como la distribución de medicamentos, la vacunación infantil y la disminución en las tasas de mortalidad infantil y materna, que permita elevar la esperanza de vida.
La intención no debe ser replicar el modelo de Dinamarca (“adaptar, no adoptar” sugería en todo el Nobel mexicano Octavio Paz) sino aspirar a construir un sistema de salud mexicano que sea justo y equitativo, capaz de responder adecuadamente a las necesidades y demandas de nuestra sociedad.
Excelente inicio de semana.
01/Jul/2024.
