Mazatlán vive una fuerte crisis de desapariciones forzadas en las últimas semanas.

Las redes sociales estallan con los casos que se hacen públicos y nadie da respuestas a los familiares.

Ahí mismo, en ese espacio virtual, se revictimiza a las personas privadas de la libertad desde todos los flancos.

Las autoridades apenas dan escasos datos que a nadie terminan por convencer.

Y sí, las desapariciones forzadas repuntan en un contexto de violencia en el centro de la entidad que parece no tener punto final.

Apostarle a la estrategia del General Leana de que la violencia se acabará hasta que los criminales dejen de matarse entre ellos es claudicar como sociedad y entregarle los espacios públicos a los criminales.

La violencia del narcotráfico es consecuencia también de una permisividad colectiva que les permite tocar las fibras de una sociedad apática, distante, y por qué no decirlo, que rinde culto de alguna manera a esa malentendida visión de “progreso” porque la pobreza te sepulta y hay que salir de ella como sea.

Desde el Gobierno federal, al implorar “abrazos y no balazos” como política de estado, se dejó la puerta libre a los criminales para dominar territorios sin un bloque de contención, con la misma capacidad operativa y de fuerza.

Tampoco se trata de aplicar una nueva versión de la “guerra sucia” en esta época, porque aunque no sean enemigos políticos directos del Estado mexicano, lo son para el Estado de derecho, la paz y la ciudadanía.

Las autoridades solo deben hacer una cosa, hacer cumplir la ley y brindar seguridad a los ciudadanos.

Si no, las urnas serán el sepulcro social donde terminarán.