/ viernes 26 de enero de 2024

El Espectador | ¿Hace Chihuahua la tarea de la Federación?

Como nunca antes, el caso del secuestro de cuatro integrantes de la combativa familia LeBarón en Chihuahua desató la furia de la gobernadora panista, Maru Campos. En específico contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que con palabras “peculiares” acusó de omiso (“pendejo”) ante los crecientes problemas de violencia e inseguridad en el país, sobre todo en la franja norte. Aunque dijo la mandataria que no podían seguir haciendo la tarea a la Federación, la verdad es que en la Fiscalía local de esa entidad se trabaja a marchas forzadas para inhibir precisamente delitos como el secuestro, ésta una problemática que, por la ubicación geográfica, es cada vez más constante en ese territorio.

Este reportero tuvo acceso a un informe de inteligencia sobre lo que en ese estado denominan “Unidad Modelo en Atención al Delito de Secuestro”, un programa que encabeza el fiscal especializado en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de Justicia de Cihuahua, Arturo Velasco Ponce, y que ha identificado 13 grupos criminales que operan en la zona y se dedican al plagio de personas, incluidos los miles de migrantes que llegan cada semana. Según los reportes del fiscal Velasco Ponce, en los últimos años los grupos delictivos dedicados al secuestro se han organizado y sofisticado, ahora cuentan con personal para labores de vigilancia de las víctimas, centros telefónicos, inmuebles para el cautiverio y hasta cuentas bancarias.

Específicamente sobre los raptos de migrantes, hay 11 organizaciones delictivas monitoreadas. El año pasado capturaron al menos 160 víctimas. De esas personas, 150 fueron ya liberadas por acción de esta Unidad y, en cinco de esos operativos, 66 criminales han sido capturados. El “modus operandi” detectado consiste en que integrantes de bandas identificadas como “Los Carnales” I y II, “Banda del Chichis”, “Banda los Comerciantes”, “Banda del Bravo”, “Banda de Anapra”, “Banda Nuevo Casas Grandes”, “Banda las Gordas”, “Banda del Fénix”, “Banda del Fat Flow”, “Banda San Miguel”, “Banda TJ” o “Banda Crisolito”, hacen un primer contacto por redes sociales con las víctimas, también operan en terminales de autobuses, aeropuerto o directamente en domicilios particulares.

Hasta el momento, la Fiscalía chihuahuense ha logrado ya contra los delincuentes 46 vinculaciones a proceso y 17 sentencias condenatorias, además de que se han solicitado ante las instancias judiciales 15 órdenes de aprehensión nuevas que podrían alcanzar a unos 30 criminales más. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la plaza de Ciudad Juárez se registra el mayor número de delitos de esta categoría; pues hasta el 80 por ciento de los plagios ocurren en esa zona. Se entiende por qué el órgano de procuración de justicia local tuvo que diseñar una unidad especializada. Lo mismo se esperaría para otros estados o para el resto del país, pues la frecuencia de este mismo delito está por desbordarse, según el SESNSP, en la localidad de Uruapan, Michoacán, donde gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, y Huitzilac, Morelos, de Cuauhtémoc Blanco.


Como nunca antes, el caso del secuestro de cuatro integrantes de la combativa familia LeBarón en Chihuahua desató la furia de la gobernadora panista, Maru Campos. En específico contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que con palabras “peculiares” acusó de omiso (“pendejo”) ante los crecientes problemas de violencia e inseguridad en el país, sobre todo en la franja norte. Aunque dijo la mandataria que no podían seguir haciendo la tarea a la Federación, la verdad es que en la Fiscalía local de esa entidad se trabaja a marchas forzadas para inhibir precisamente delitos como el secuestro, ésta una problemática que, por la ubicación geográfica, es cada vez más constante en ese territorio.

Este reportero tuvo acceso a un informe de inteligencia sobre lo que en ese estado denominan “Unidad Modelo en Atención al Delito de Secuestro”, un programa que encabeza el fiscal especializado en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de Justicia de Cihuahua, Arturo Velasco Ponce, y que ha identificado 13 grupos criminales que operan en la zona y se dedican al plagio de personas, incluidos los miles de migrantes que llegan cada semana. Según los reportes del fiscal Velasco Ponce, en los últimos años los grupos delictivos dedicados al secuestro se han organizado y sofisticado, ahora cuentan con personal para labores de vigilancia de las víctimas, centros telefónicos, inmuebles para el cautiverio y hasta cuentas bancarias.

Específicamente sobre los raptos de migrantes, hay 11 organizaciones delictivas monitoreadas. El año pasado capturaron al menos 160 víctimas. De esas personas, 150 fueron ya liberadas por acción de esta Unidad y, en cinco de esos operativos, 66 criminales han sido capturados. El “modus operandi” detectado consiste en que integrantes de bandas identificadas como “Los Carnales” I y II, “Banda del Chichis”, “Banda los Comerciantes”, “Banda del Bravo”, “Banda de Anapra”, “Banda Nuevo Casas Grandes”, “Banda las Gordas”, “Banda del Fénix”, “Banda del Fat Flow”, “Banda San Miguel”, “Banda TJ” o “Banda Crisolito”, hacen un primer contacto por redes sociales con las víctimas, también operan en terminales de autobuses, aeropuerto o directamente en domicilios particulares.

Hasta el momento, la Fiscalía chihuahuense ha logrado ya contra los delincuentes 46 vinculaciones a proceso y 17 sentencias condenatorias, además de que se han solicitado ante las instancias judiciales 15 órdenes de aprehensión nuevas que podrían alcanzar a unos 30 criminales más. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la plaza de Ciudad Juárez se registra el mayor número de delitos de esta categoría; pues hasta el 80 por ciento de los plagios ocurren en esa zona. Se entiende por qué el órgano de procuración de justicia local tuvo que diseñar una unidad especializada. Lo mismo se esperaría para otros estados o para el resto del país, pues la frecuencia de este mismo delito está por desbordarse, según el SESNSP, en la localidad de Uruapan, Michoacán, donde gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, y Huitzilac, Morelos, de Cuauhtémoc Blanco.


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