Evidenciado por las redes sociales, donde se ofertan a la venta todo tipo de especies, el tráfico animal es una problemática que en Sinaloa ha repuntado hasta un mil por ciento en los últimos dos años, donde las principales víctimas son los monos arañas, tucanes, guacamayas, tortugas y pericos.

Se trata de otra de las mafias que existen en el mundo y que cada año deja ganancias millonarias a quienes están involucrados sin que las autoridades puedan hacer mucho por frenarla.

Y es que no existen penas severas para castigar a quien venda un animal que se encuentra en peligro de extinción. Si agarran a alguien que en redes sociales lo haga, es muy poco el castigo, muchas veces sólo servicio comunitario o una multa económica muy baja.

En Sinaloa son los municipios de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis los lugares donde más se comercia con animales exóticos de manera ilegal, principalmente guacamayas y pericos que son capturados en la sierra de Cosalá.

Además de que hay personas que tienen felinos de mascotas, como leones, tigres y pumas; incluso en un periodo de un año y medio han movido alrededor de 300 animales, principalmente tigres, a la India.

Pero mientras no se castigue con severidad y este delito sea tomado con responsabilidad por parte de las autoridades no podrá avanzarse mucho en poder frenar el tráfico ilegal de animales que ya enciende las alertas en todo el país.

La UAS en la picota

La caída del rector Jesús Madueña Molina puede ser el inicio de un cambio de paradigma al interior de la cúpula que controla la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que en cuanto llegó Robespierre Lizárraga Otero como encargado del despacho, le permitió el acceso a los investigadores de la Fiscalía General del Estado, en concordancia con la exigencia de marzo, cuando los funcionarios negaron entregar documentos auditables.

Hay que recordar además que la negativa le valió a Robespierre, en su carácter de Director Jurídico de la UAS, una vinculación a proceso por la querella interpuesta por la Auditoría Superior del Estado por el presunto abuso de autoridad.

¿Transitará ahora la élite de la Universidad para que Lizárraga Otero se quede de rector, una vez que el Consejo Universitario tome decisiones en base a los amparos cuyos trámites empiezan a correr en los juzgados federales?

Esta historia todavía está lejos de concluir, la marcha del miércoles 18 de octubre fue apenas una muestra de músculo artificioso, porque no concluyó con la toma ni de Palacio de Gobierno ni de la Fiscalía, ni con una presión que obligue a los órganos judiciales retroceder con sus propósitos de destronar al cacicazgo.

Lo que sí está ocurrieron en los juzgados es que todo parece indicar que las vinculaciones a proceso en contra de los universitarios quedarán suspendidas por los jueces, lo que implica que los amparos pueden llevarse toda la campaña en resolverse.

El caso de Estrada Ferreiro ilustra lo anterior, pues obtuvo un amparo definitivo por la acusación de desempeño irregular del servicio público por el contrato de los 40 camiones de basura y el juicio por abuso de autoridad contra las viudas de policías, también se había suspendido por medio de los tribunales, pero ahora ya se activó, aunque ya ha pasado más de un año desde que comenzó.

Los uaseños pueden correr con tiempos similares si es que en el Poder Judicial de la Federación, tan entrampado con el gobierno de Morena, le dan los amparos necesarios, lo que implica que una vez caída la última vinculación, todo se va hasta después de la elección de 2024. Al tiempo.