Ante la presunción de una situación de acoso sexual en el centro de justicia para las mujeres en Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya con inmediatez instruyo que fuera cesado de sus labores el presunto responsable para garantizar a las mujeres un ambiente laboral libre de violencia, lo anterior en congruencia a lo establecido en los protocolos para prevenir y atender la violencia laboral.
No ha sido así tratándose de presuntos responsables allegados a la gracia del más importante actor político en su partido y en el gobierno del Estado, tales como Juan de Dios Gámez Mendívil (ahijado), Leobardo Gallardo (Amigo del ahijado, recientemente premiado con una magistratura, aunque era el de currículum más pobre entre todos los candidatos), y Antonio Aguilar Gómez (operador político del ahijado); todos señalados por acción o por omisión en hechos de acoso y hostigamiento sexual y laboral.
Recientemente la organización “Se buscan feministas” ha subido en su página de Facebook diversos contenidos que increpan agresivamente la actuación de funcionarias del gobierno estatal de Sinaloa, la fiscal del Estado, y notorias activistas, para apelar por la sororidad en el caso.
En este escenario, una de las víctimas acudió a manifestarse acompañada de un grupo de mujeres, el pasado jueves 12 de octubre en palacio nacional en Ciudad de México; y el lunes 16 octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado durante la conferencia mañanera, respecto aquellos casos que acusan al Secretario General de Gobierno del Estado, los ya citados funcionarios de programas federales y el trabajador cesado del Centro de Justicia para Mujeres en Culiacán.
El presidente respondió al cuestionamiento comprometiéndose a apoyar a las víctimas y comprometiendo a la Secretaría de Seguridad Rosa Icela Rodríguez a brindar un informe al respecto el día martes 17 de octubre en el marco de la acostumbrada intervención semanal para dar los resultados en materia de seguridad, pero no hubo alusión alguna.
El clima de impunidad que protege a los presuntos responsables señalados en las denuncias, es tan grande que la actuación para brindar medidas de seguridad y justicia a las víctimas está supeditada a la coyuntura política, y en medio de esto se encuentra el temor a las represalias y los conflictos de interés.
Esta semana el evento sororo que sí reunió a mujeres de todos los partidos políticos y movimientos de lucha, fue la conmemoración del 70 aniversario del voto de las mujeres en México, celebrado el miércoles 17 de octubre en el Auditorio MIA de Culiacán, engalanadas y engalanados, se prepararon excelentes disertaciones, otras se repitieron y otras tantas se improvisaron, eso sí, se escuchó a una sola voz PARIDAD EN LAS CANDIDATURAS, PARIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, candidaturas para las mujeres en los municipios del bloque de competitividad, recursos y herramientas, las mujeres al poder, etcétera.
Por un lado encontramos en las más importantes mujeres en la política Sinaloense, coincidencias cuando se trata de impulsar la participación política, de la necesidad de mayores recursos y herramientas para la toma de decisión y ejecución de programas…son tantas las necesidades para brindar atención a las mujeres en los distintos municipios del estado que intentan romper con ciclos de violencia, mientras hay tantas carencias; horarios limitados, personal limitado, profesionalización limitada, vehículos limitados para el acompañamiento o traslado de las víctimas, etcétera. Y por otro lado ilimitados y costosos eventos multitudinarios que nos reúnen para tomarse la foto, vernos bonitas y portarnos bien.
Sesgado o no por interés político, existe la posibilidad de que las trabajadoras de programas federales se encuentran en riesgo, y no se les está garantizando un ambiente libre de violencia, algunas de ellas se están animando a romper el silencio, a costa de sus propios empleos.