El riesgo al sector inmobiliario en Mazatlán no llegó por las acusaciones de fraude por no entregar a tiempo a sus dueños los departamentos o casas que se compraron hace años.

La amenaza real cayó de rebote: la violencia y la inseguridad que se viven en las carreteras que comunican a Mazatlán con aquellas zonas de donde provienen compradores y turistas a vacacionar al puerto.

La percepción juega un papel importante en la toma de decisiones para los clientes, que ante cualquier tipo de riesgo, prefieren echarse un paso atrás y ver cómo pinta la cosa para animarse o desanimarse.

Así es como en el último mes y medio las ventas en este sector de Mazatlán se desplomaron hasta en un 50 por ciento.

Los agentes inmobiliarios han manifestado que esta situación los ha puesto en jaque, y sus ingresos han descendido de una manera estrepitosa.

Aunque ellos lo ven como algo pasajero, si la percepción no cambia la caída será mayor y el efecto dominó tocará a toda la cadena productiva.

¿Cuál es la apuesta? Autoridades e inmobiliarios deben coordinar esfuerzos para lograr que la inseguridad no se asiente en el puerto.

¡A trabajar, señores!, Esa es la chamba que les corresponde hacer.

Nuevo reto al gobierno

Los avisos de que la escalada de violencia estaba tomando otro matiz los debió de tener el gobierno del estado en su agenda desde que un artefacto explosivo improvisado detonó privando de la vida a un vecino de la comunidad de Eldorado la semana antepasada. Si el discurso del gobernador Rubén Rocha Moya de que ahora sí habría mayor coordinación con la federación para inhibir las acciones del crimen organizado tuvieran correspondencia con la realidad, no estaríamos registrando lo que ocurrió la noche del pasado jueves 17 de octubre que es un nuevo reto a los tres órdenes de gobierno. A las autoridades parece no decirles nada las alertas que tienen al borde de la quiebra a negocios y comerciantes de la capital sinaloense, y han sumido en la zozobra de nueva cuenta la vida de los habitantes de Culiacán y municipios del sur del estado. No se ve alternativa más que estar a expensas de la “buena voluntad” de los grupos criminales confrontados para que regrese la paz y tranquilidad a Sinaloa.

El ataque a tiros a las instalaciones del periódico El Debate la noche del jueves, a la hora en que se registraban enfrentamientos y bloqueos en la zona sur de la ciudad y las balaceras se escuchaban por distintos sectores, exige una respuesta inmediata para que se investigue de manera exhaustiva y se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables. Como lo dice el desplegado de Alianza de Medios que publicamos en esta edición, el hecho es un atentado directo contra la libertad de prensa y el derecho a la sociedad a estar informada. La violencia contra la prensa es una amenaza para la democracia y la libertad de expresión. El dejar impune este atentado es señal de que el Estado ha dejado de garantizar la función esencial para lo que existe que es velar por la seguridad ciudadana.