Este sexenio ha sido fatídico para el sector pesquero en México. Sinaloa, entidad tiempo atrás una potencia en la pesca de altamar con una flota considera la más importante en el País, ha vista decrecer la actividad por la falta de apoyos gubernamentales. Ante este escenario catastrófico un grupo de mujeres trabajadoras de bodegas y empacadoras de camarón en Mazatlán se ha organizado para emprender en un negocio a base de cuero y escamas de pescado para la elaboración de artesanías, huaraches y cintos.
El proceso no ha sido sencillo, pero la tenacidad de estas mujeres ha aterrizado en buen puerto. Para ello se han capacitado para este emprendimiento para sacar provecho de algo que en el pasado se desechaba. Las cuentas hablan de la pérdida de mil 500 empleos en el sector, tanto hombres y mujeres, por lo que lo único que les quedó fue abrirse camino en el mundo del comercio, es decir, de empleados pasaron a ser sus propias patronas.
Sin embargo, el olvido de las autoridades a este sector es una muestra palpable de otras actividades económicas que andan por las mismas: desempleo, falta de oportunidades, la propensión a actividades ilícitas, pero esta mujeres han elegido el camino correcto para llevar recursos a sus casas para sobrevivir. De seguro el gobierno se va a querer colgar la medalla de este logro comunitario. Es cierto que les brindó capacitación, pero fue gracias a la voluntad de ellas que han salido adelante tras el abandono del Gobierno al sector pesquero.
A menos de un mes del cierre de la administración federal, sólo se espera que el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo rescate a la actividad, al cabo que ella misma lo dijo en su más reciente visita a Sinaloa: su corazón está aquí porque su espeso es mazatleco. Aunque la oriundez no es ninguna garantía de que el segundo piso de la transformación aterrizará aquí.
La fosa clandestina de Sinaloa
Aunque no se quiera reconocer, Sinaloa vive una crisis forense sin precedentes, por el número de cuerpos que han sido encontrados en los últimos 20 años y que no cuentan con una identidad, muchos quizá olvidados por sus familias.
Pero que a la crisis forense se asome además la crisis presupuestal, es criminal, ya que el Gobierno federal ha recortado al menos 9 millones de pesos del dinero destinado específicamente al tema forense, según los números proporcionados por el gobierno estatal, mientras que en 2022 la federación envió 35.9 millones de pesos, para este 2024 la cifra quedó en 26.8 millones.
Parece que es poca la cantidad, pero si se ve con un poco de distancia y se compara a cuánto dedican tanto gobiernos estatales como federales a otros rubros, como carreteras, obras hidráulicas o calles, la cifra es abismal, el gobierno de Rocha anunció hace poco más de 70 mil millones de pesos para obras mezcla de la administración que le tocará a Claudia Sheiambaun y con las que Rocha Moya pretende darle cierre a su sexenio.
¿Por qué en el tema de derechos humanos, en este caso de identificación humana, no se le dedica lo suficiente? Ya se ha visto además la Fiscalía General del Estado de Sinaloa es una de las que menos tiene presupuesto a nivel nacional, mientras que otros estado gastan más de 40 mil pesos por ciudadano, en el estado apenas se gasta 28 mil pesos, según la organización México Evalúa.
Y según esta organización, también en el tema pericial, Sinaloa está reprobado en cuanto a presupuesto, con personal insuficiente y recursos mínimos que, digamos por caso, abonan a la enorme crisis forense que padecen cientos de familia en la entidad.
