En este espacio hemos hablado del trabajo que realizamos desde este Observatorio Ciudadano en Mazatlán, como una organización plural y apartidista, les hemos compartido las distintas denuncias de presuntos actos de corrupción que presentamos ante órganos fiscalizadores, ante los responsables de investigar directamente si los servidores y ex servidores públicos que señalamos en esas denuncias realmente incurrieron en faltas administrativas graves o no graves.
El camino que siguen esas denuncias es largo y burocrático debido a lo ambigüedad de la Ley de Responsabilidades Administrativas, ya que no establece un tiempo límite para que las autoridades investiguen las denuncias presentadas relacionadas con presuntos actos corruptos. Como organización tenemos vigentes denuncias que hemos presentado en la Auditoría Superior del Estado desde hace más de tres años y que a la fecha siguen abiertas, la misma suerte corren las que se presentan ante el Órgano Interno de Control (OIC) del municipio de Mazatlán.
Esta realidad no coincide con el mandato constitucional, por ejemplo, lo que dice el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. Este ordenamiento no se cumple.
A la par de este mandato, también hay un dicho popular que dice “no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla” y eso el Observatorio Ciudadano lo tiene muy claro. ¿A qué me refiero?, a que nos llegaron notificaciones que en algunas de esas denuncias que habíamos presentado desde hace años, las autoridades sí encontraron elementos suficientes para elaborar informes de presunta responsabilidad administrativa. Son hechos denunciados que implicaron en su momento a servidores públicos.
Los casos denunciados sobre hechos donde consideramos que los procedimientos no fueron los adecuados y que ya nos notificaron que están en espera de sanción son los siguientes:
1.- Adjudicación directa por remodelación del callejón Malpica, denuncia presentada el 12-04-2019 ante el OIC.
2.- Adjudicación directa trabajos recinto tianguis turístico, denuncia presentada el 12-04-2019 ante el OIC.
3.- Adjudicación directa alumbrado paseo Claussen, denuncia presentada el 12-04-2019 ante el OIC.
4.- Adjudicación directa alumbrado entronque carretera internacional – aeropuerto, denuncia presentada el 12-04-2019 ante el OIC.
5.- Adjudicación directa de palmeras malecón fase I, denuncia presentada el 12-04-2019 ante el OIC.
6.- Adjudicación directa de palmeras malecón fase II, (denuncia presentada el 12-04-2019 ante el OIC.
7.- Adjudicación directa de palmeras malecón fase III, denuncia presentada el 12-04-2019 ante el OIC.
8.- Adjudicación directa, trabajos pabellón-stands tianguis turístico, denuncia presentada el 12-04-2019 ante el OIC).
9.- Velaria parque lineal, denuncia presentada el 01-02-2018 ante el OIC.
10.- Cultura contratación del Ballet clásico - abril 2019, denuncia presentada el 10-0-2020 ante la ASE.
11.- Cultura contratación del Ballet clásico - junio 2019, denuncia presentada el 10-0-2020 ante la ASE.
12.- Cultura contratación del Ballet clásico - septiembre 2019, denuncia presentada el 10-0-2020 ante la ASE.
13.- Cultura contratación del Ballet clásico Carnaval 2019, denuncia presentada el 10-0-2020 ante la ASE.
14.- Adjudicación Directa Terreno Panteón Municipal, denuncia presentada el 09-05-2019 ante el OIC.
15.- Contratación obras terreno Panteón Municipal, denuncia presentada el 22-05-2019 ante el OIC.
Si consideramos que estas denuncias se presentaron entre 2019 y 2020 podemos comprobar que los resultados de investigaciones que implican presuntos actos de corrupción son tardados, lentos, pero llegan, no sé si eso es alentador para las organizaciones de sociedad civil y para cualquier ciudadano que denuncia, pero al menos sabemos que se resuelven. ¿Qué sigue?, sigue esperar que las sanciones que se emitan hacia sirvan de precedente para frenar o inhibir que otros servidores públicos cometan alguna falta o se involucren en acciones que lacere los recursos públicos que son de la ciudadanía.
Es importante comentar que, de estas 15 denuncias ya nos están llegando las notificaciones por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa para presentarnos en el desahogo de la Audiencia en donde se dictarán las sanciones correspondientes, cuyos resultados se los haremos saber una vez que los conozcamos. Es una realidad que todo aquél servidor público que la hizo, la pague. Por ahora me despido, saludos y nos leemos en la siguiente entrega.
*Gustavo Enrique Rojo.
La participación de un pueblo, es la construcción de un gran país”.
Manuel Galván, analista político
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*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público, Auditor Forense Certificado y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.
