Todas las mañanas escucho un canal de noticias y entre los comerciales me ha llamado la atención uno en específico, el que tiene que ver con la socialización que está haciendo la Cámara de Diputados federal sobre la reforma al Poder Judicial, cuyo objetivo principal es que los jueces y magistrados sean electos por el voto popular; y uno de los ejes que maneja esa “publicidad” tiene qué ver con que “la justicia realmente sea pronta y expedita” y en este tema me voy a centrar.
El segundo párrafo del Artículo 17 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.” Como se lee, aquí es donde se ordena que la justicia sea pronta y expedita, pero también, el párrafo establece algo sumamente importante que es “para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”, es aquí en donde la Constitución ordena a los legisladores a que establezcan en leyes plazos y términos para que la justicia sea pronta y expedita.
¿Qué cuál es la relación de ese entramado con el trabajo que hacemos en el Observatorio Ciudadano de Mazatlán?, como organizamos, tenemos 31 denuncias activas: 15 en el Tribunal de Justicia Administrativa, 13 en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y tres en el Órgano Interno de Control. Sí, hay un listado de denuncias que están, pero no caminan, que no avanzan, pues.
En el caso de las 13 denuncias en la ASE, por ejemplo, ahí están desde hace casi cuatro años la más antigua.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas y por ende, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa no establecen tiempos específicos para investigar denuncias relacionadas con posibles faltas administrativas, es decir, ni los órganos internos de control, ni la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, ni la ASE en el caso del estado tienen un tiempo específico en la Ley para las investigaciones, este vacío legal deja abierta la posibilidad de que pasen años a partir de que se presenta una denuncia hasta que se resuelva.
Este escenario también deja a criterio de los órganos fiscalizadores que, ese tiempo, pueden ser tres años, por ejemplo, si se trata de faltas administrativas no graves y hasta siete años si son faltas administrativas graves. Estos periodos los toman de las prescripciones que la Ley les establece para esas faltas.
A nivel federal y estatal, los legisladores han sido omisos -por desconocimiento, por conveniencia- en establecer tiempos específicos para investigar presuntos actos de corrupción. En el caso de Sinaloa, ha sido peor, las autoridades han rechazado una propuesta presentada desde la sociedad civil para establecer periodos de tiempo
en investigaciones y que las denuncias que implican a servidores públicos, se resuelvan en plazos fijos y que los expedientes no queden en la congeladora.
Esta situación alimenta la impunidad que, desde mi perspectiva, es el permiso para que continúe y avance la corrupción.
Esto nos deja claro que no tenemos “justicia pronta y expedita”, mientras no pase nada con las denuncias que se presentan por cualquier persona u organización ciudadana en instituciones dedicada a la investigación y sanción.
La propuesta desde Ciudadanía
Hace unas semanas, el diputado federal suplente por EL Distrito 01 de Sinaloa, Rodolfo Cardona Pérez, ingresó al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que las investigaciones de presunta corrupción se realicen en un tiempo máximo de 365 días, es decir, que las autoridades tengan un año completo, con oportunidad de extender ese periodo 180 días más. Esta iniciativa ya está en la Comisión de Anticorrupción del Congreso de la Unión, sigue monitorear que los legisladores la empujen. Si logran fijar tiempos para investigar presunta corrupción será un acierto.
Esta propuesta que presentó el Diputado fue propuesta por la organización Iniciativa Sinaloa dedicada a temas de transparencia y rendición de cuentas, apoyada por Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
En ese contexto, es importante que, desde el Poder Judicial, se haga entonces una reforma integral para que la justicia se garantiza como lo marca la Constitución, de lo contrario, seguiremos viendo servidores públicos implicados en faltas administrativas sin que nada ocurra contra sus malas prácticas; y pueden pasar varias cosas, entre ellas, que se repliquen por otros hasta que se “institucionalicen”, es decir, se normalicen ante la realidad de que no pasa.
Ahora que saben por qué es tan importe este tema, impulsemos reformas útiles para la sociedad. Daremos seguimiento a la propuesta que ya está en el Congreso federal, por ahora me despido, saludos y nos leemos en la siguiente entrega.
La justicia es la constancia de una perpetua voluntad.
San Bernardino De Siena
observatoriociudadanomzt@hotmail.com
FB: Observatorio Ciudadano de Mazatlán
*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público, Auditor Forense Certificado y estudiante de Derecho, especializado en temas anticorrupción.
