Hace más de 20 años se publicó en nuestro país la primer Ley de Transparencia, a partir de ahí, los ciudadanos pudimos tener acceso a información pública que antes era impensable acceder a ella.
En el contexto de esa Ley nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, que el Gobierno de Vicente Fox, compró toallas por más de 400 dólares, cortinas de control remoto de 17 mil dólares y sábanas de 3,500 dólares cada una. Esta información la hizo pública la Secretaría de la Contraloría del Gobierno federal el 2001.
Más adelante, en el sexenio de Felipe Calderón, también gracias a la transparencia de información pública, se documentó que la mayoría de las contrataciones públicas se hicieron mediante adjudicaciones directas y que la normatividad de PEMEX se cambió para que omitieran los procedimientos de licitación pública y los contratos se adjudicaran por excepción.
Siguiendo esa tendencia, en 2014, el equipo de Aristegui Noticias documentó que el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, compró a un precio “muy accesible” una mansión en una zona exclusiva de la Ciudad de México, la investigación arrojó que el vendedor fue nada mas y nada menos que uno de los contratistas favoritos de esa administración a quién el Gobierno federal le había otorgado contratos millonarios de obras públicas, así conocimos el caso de “La casa blanca”. Esto se logró usando herramientas de investigación pública con información disponible y compartida por las propias autoridades, otra vez, gracias a la Ley de Transparencia.
Más recientemente, con Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones de la sociedad civil y periodistas documentaron, entre otras cosas, la cantidad de bienes muebles con los que cuentan secretarios de Estado y las omisiones en sus declaraciones patrimoniales; contratos otorgados por el Gobierno federal a Felipa Obrador, prima del presidente; y los nexos de Amilcar Olán, contratista consentido en las obras del Tren Maya y amigo de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo.
Ejemplos podemos mencionar muchos, ahí están “La estafa maestra” o el desfalco de Segalmex considerado como el de mayor impacto contra el erario público.
En Sinaloa las cosas no han sido diferentes, la organización Iniciativa Sinaloa documentó como en el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, a través de la empresa estatal Precasin, ejerció en tres años más de 1,200 millones de pesos aplicados a obras públicas por asignación directa, con altos índices de opacidad; y en el caso local, en Mazatlán, Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., pudo detectar la aprobación para comprar de 2,139 lámparas por un monto de 400.8 millones de pesos en un contrato por adjudicada directamente por excepción a la licitación.
El común denominador en estos casos es que se usó la transparencia para llegar a los datos, porque a través de solicitudes de información fue posible documentar cada una de esas investigaciones.
Ciudadanía… fuera
El acceso a la información es un derecho humano consagrado en la Constitución Política en su Artículo 6 y se refiere a la información pública, los ciudadanos tenemos derecho a conocer, información que generan los entes de Gobierno en todos sus niveles, ya que esa información se crea ejerciendo recurso público, es decir, con dinero que todos nosotros aportamos mediante el pago de impuestos.
Con la publicación de la Ley de Transparencia se creó en 2002 el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), organismo que en 2015 cambia de nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), éstos se encargarían de obligar a las dependencias federales a respetar la Ley para transparentar el uso de los recursos públicos y las acciones de Gobierno. Esto se replicó en los 32 estados de la República promulgando cada uno su propia Ley y su propio organismo garante, en Sinaloa se creó la Comisión Estatal de Acceso a la información Pública (CEAIP).
Se les llamó organismos garantes porque garantizan al ciudadano el acceso a la información que genera el Gobierno ordenando entregar la información tal y como el ciudadano la pide, esto no le gustó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que el ciudadano tuviera acceso a documentos que evidencia cómo se gasta el dinero de todos, que tengamos acceso a nombres de las empresas y de las personas con las que se hacen negocios y cómo se pactan esos negocios; por eso se propuso desaparecer el INAI y a sus órganos garantes. Es claro que nuestros recursos se negociarán en la opacidad dejando fuera de esa vigilancia a los mexicanos, así, el Gobierno federal controlará totalmente esa información.
Esto no es bueno en una democracia, desaparecer estos organismos implica el no reconocimiento a nuestros derechos, es perder lo ganado como sociedad y un retroceso que atenta a la no progresividad de todos los derechos humanos. Como sociedad nos toca abrir los canales posibles para tener acceso a la información y exigir más mecanismos que nos permitan participar en ese acceso, porque la información es nuestra, no del poder político. Sí, esta batalla es la que viene.
*Gustavo Enrique Rojo.
“La transparencia es para quienes ejercen funciones públicas y ejercen el poder público. La privacidad es para todos los demás" – Glenn Greenwald
observatoriociudadanomzt@hotmail.com
@observatoriomzt
FB: Observatorio Ciudadano de Mazatlán
IG: observatorio ciudadanomzt
*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público, Auditor Forense Certificado y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.
