Mazatlán ya ha sido rebasado por el intenso tráfico que se registra, y en parte los gobiernos de todos los niveles lo han permitido. ¿Cómo? Pues como han podido.

Desde principios del siglo, el puerto ya se vislumbrada como una ciudad que en los siguientes años crecería exponencialmente, de ahí que la inversión en el ramo inmobiliario echó sus ojos para acá y comenzó a tapizar de torres y edificios departamentales la franja costera y otras áreas que en años van a aumentar la plusvalía de esos sectores.

Sin embargo, sus principales vialidades interiores, aunque han sido remodeladas, siguen teniendo un espíritu “oldie”.

Esas vialidades hechas en los 70y 80 eran para un parque vehicular ínfimamente en relación con el que se cuenta ahora, casi 300 mil vehículos automotores.

El casco urbano del puerto soporta aún el paso de unidades pesadas tanto al sur como para el norte, lo que agudiza en tráfico sobre todo por las mañanas, cuando la gente se dirige a las escuelas o a sus centros de trabajo.

Pongamos de ejemplo el libramiento Luis Donaldo Colosio, donde se construye un paso superior para desfogar el carrerío que entra por el lado sur del puerto.

Esa vialidad ya debe ser exclusiva para el tránsito local, pues se supone que para eso se construyó el Libramiento Mazatlán, que conecta al norte con el eje vial hacia Culiacán tanto para la autopista como la libre, y al sur para conectar con las rutas hacia Durango y Tepic.

El reciente estudio de satisfacción al turista, en el verano, arrojó que la falta de movilidad es uno de los principales problemas que enfrenta la Perla de Pacífico en esos tiempos.

Y en temas de movilidad, los proyectos como el tren ligero y el cablebús se oyen a lo lejos y generan más confusión que expectativas aterrrizables.

Como destino de lanza en el Océano Pacífico, Mazatlán ya no solo puede vivir de sus atractivos naturales y turísticos, también de un buen plan de movilidad que soporte la carga vehicular que llega vía terrestre.

Desplazados, los invisibles de siempre

Era tiempo para que en Sinaloa el conflicto entre los dos grupos del crimen organizado que está dejando enlutadas a familias, también alcanzara a la población más vulnerable, y que por seguridad, emprenden el éxodo de los lugares en donde viven.

Y esta realidad ya está presente en campos agrícolas y comunidades, con un desplazamiento forzado silencioso, en donde cientos de familias que no se pueden defender, optan por irse, en lugar de tener garantías de seguridad de parte de las autoridades.

Lo lamentable y triste es que en el estado, desde el 2021, existe una Ley para Prevenir y atender el desplazamiento forzado interno, la cual fue -recordemos- aprobada por Morena en el Congreso del Estado, pero que tal parece sigue siendo eso nomás: una bonita legislación en el papel, pero que en nada ayuda a quienes padecen este flagelo.

Y es más, las reformas de aquel año incluye el desplazamiento forzado como un delito en el Código Penal del Estado, y que es obligación de la Fiscalía General del Estado, investigar y sancionar a quien provoque que las familias abandonen a sus hogares.

Desde luego, y con toda la serie de actos violentos que ocurren, desde los robos de vehículos, a domicilios y comercios, hasta el cobro de piso que ya es una realidad, aunque se trate de enmascarar, el gobierno sinaloense no ha activado ningún plan contingente para paliar las necesidad de estas familias.

El caso más evidente en la zona centro del estado es el del campo Las Víboras, donde familias enteras dejaron sus casitas, para irse de refugiados, ante las amenazas de los grupos armados que tienen como tierra de conquista esa zona de Navolato, en los límites con la sindicatura de Costa Rica.

La violencia no amaina, sino por el contrario, se especializa más, ya el viernes 8 de noviembre pasado el gobernador confirmó que pobladores de Las Arenitas, Eldorado, un campo pesquero golpeado por la embestida de grupos armados, denunciaron el uso de drones que arrojaron artefactos explosivos, una nueva etapa en esta guerra que nadie pidió, una guerra del narco que mantiene atrapados a los ciudadanos en una tormenta de balas, y que en realidad, no se tendría que estar disputando si dentro del gobierno no hubiera cómplices que la sostengan.

Por el momento, quienes la padecen más son las clases más vulnerables, los más pobres, quienes viven el día a día, y que además les arrebatan, además de su espacio vital, el trabajo que es el sustento de su subsistencia. Ahí podrá salir la secretaria de Bienestar, María Inés Pérez, a decir que ya fueron a dar despensas, por su puesto, con su logotipo de Morena, porque hay políticos que no se cansan de lucrar con la tragedia del pueblo.