A partir de la tarde del 17 de octubre de 2019, la capital del Estado de Sinaloa vive en un constante estado de alerta ante los hechos ilícitos que alteraron el orden público en Culiacán. En aquella ocasión los incidentes transcurrieron durante algunas horas, que nos parecieron días a quienes habitamos en este bello municipio.
A esos hechos violentos se les denominó el “Culiacanazo” y provocó que por varios días la población estuviera aturdida de lo acontecido, pues transcurrieron 10 días para que la ciudadanía se atreviera a salir a las calles a exigir PAZ, mediante una caminata que se llevó a cabo en el sector tres ríos de la Ciudad, rumbo a la Fiscalía General del Estado.
38 meses después de esos sucesos violentos, la población de Jesús María, una sindicatura al norte de la Ciudad de la Culiacán en plena madrugada vivió el segundo “Culiacanazo”. Dichos sucesos llegaron hasta el centro de la Ciudad privando a particulares de sus vehículos que se encontraban circulando muy temprano para llegar a sus trabajos.
De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2020 a la fecha, en Sinaloa se han reportado a través del 911 más de 54 mil conductas ilícitas que afectan el patrimonio de la población, tales como robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, daño a la propiedad, despojo y otros delitos tipificados por el Código Penal que dañan el patrimonio.
Sin duda el derecho que debe prevalecer ante cualquier conducta ilícita es la vida e integridad de las personas, sin embargo ante los más recientes sucesos que han alterado el orden público en Culiacán, comerciantes, docentes, transportistas y demás profesionistas han decidido por voluntad propia resguardar su patrimonio y mantener un estado de alerta para garantizar su seguridad y bienes.
Conforme a los artículos 5° y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el Estado quien debe garantizar por un lado la libertad de trabajo para dedicarnos a cualquier actividad lícita, generando las condiciones para ello, por lo tanto siempre estará a su cargo salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
¿Qué nos corresponde a nosotros como ciudadanía? Lo dice muy claro el artículo 31 fracción IV de la Constitución, contribuir con el gasto público para que el Estado pueda cumplir sus fines.
Durante estos días platicaba con un comerciante que tiene más de 40 años con su puesto en el mercadito Rafael Buelna y le preguntaba que si ¿Cuántas veces había cerrado su local por cuestiones de seguridad? Y me respondió que en ninguna ocasión, hasta que llegó esta semana del mes de septiembre; le cuestioné ¿y en pandemia?, a lo que me respondió: “no, ni en pandemia”.
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI en Culiacán existen 43,454 establecimientos económicos en Culiacán, de los cuáles 4,614 se ubican en el centro de la Ciudad y los demás en la zona urbana y conurbada de la Ciudad.
Conforme a una nota periodística reciente la presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, Cristina Ibarra, mencionó que las pérdidas diarias ante los acontecimientos de violencia pueden superar los 567 millones de pesos.
El impacto en los bolsillos de las y los culiacanenses es inminente ante los sucesos de violencia ¿cuántos comerciantes se han quedado sin su venta del 15 de septiembre?, resulta necesario que con el objetivo de reparar la afectación económica y patrimonial se generen estímulos fiscales, para que el comercio, servicios, profesionistas y patrones sostengan sus negocios ante las pérdidas de sus ganancias.
Los puntos resolutivos de este análisis son:
- En el Estado siempre deberá prevalecer el derecho a la vida y a la integridad de las personas, a través del orden público;
- La reparación de los daños económicos y patrimoniales ante los disturbios ocasionados, también es un deber del Estado;
- Sinaloa, es un Estado productivo, por lo tanto requiere de estímulos fiscales para la reparación de los daños patrimoniales generados en estos días.
