Todo el escenario en su conjunto es aterrador, nadie se siente seguro por la violencia descontrolada que no solo priva en sectores de Culiacán y sus comunidades, también en las carreteras y el incremento exorbitante de desapariciones forzadas de jóvenes en Mazatlán.

Parece un cóctel ideal para un estallido social en medio del caos y la inmovilización que genera la violencia.

Negocios cerrados, transporte público en picada por la falta de demanda, principalmente en las noches, al igual que restaurantes y bares que se sostienen gracias a la vida nocturna, es el resultado de la enajenación de la voluntad propia para atender la de otros.

Con más frecuencia los bloqueos carreteros en la Mazatlán-Culiacán empiezan a pegarle a los transportistas de alimentos y mercancías, en mayor medida, lo que genera una fuerte pérdida económica para este sector de la economía.

Incluso, hay zonas de la entidad, sobre todo en el sur, donde las mercancías no llegan porque las empresas han optado por no arriesgar a su personal en zonas de conflicto armado.

La estrategia que anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya con la instalación de puestos de control en la zona de Elota y en Mármol, en la carretera de cuota, pretende ser un ejercicio disuasorio, pero en última instancia ya de corrección si se llegan a presentar narcobloqueos.

El uso de las fuerzas armadas, Ejército y Guardia Nacional, con mayor frecuencia en estas tareas va pa’ largo, sobre todo en la capital, donde la policía preventiva municipal ha sido sometida a un escrutinio del armamento de sus elementos.

¿Pero el antídoto funcionará?