Mazatlán ha sido agobiado por delitos del orden común este año, pese a las políticas e materia de seguridad.

Los robos a casa habitación y el robo de vehículo son los que más daño causan al patrimonio de las personas, quienes en la mayoría de los casos se ven imposibilitadas para recuperarlos.

El hartazgo ciudadano no tiene eco en las autoridades, que muchas veces se hacen de la “vista gorda” para no enfrentar la realidad de lo que sucede, porque si se hace público, sus aspiraciones para el corto y mediano plazo pueden convertirse en humo.

En un contexto donde la Policía Municipal ha sido señalada de cometer abusos y detenciones arbitrarias, el ciudadano queda desamparado, orillado a guardar silencio para no convertirse en víctima de las autoridades.

La cifra negra de delitos es alta, pero no hacer nada es más dañino que el propio delito, porque la impunidad que esto genera no da esperanza de que esto mejore y que haya consecuencias jurídica contra quienes los cometen.

En un estado de derecho la lógica de la justicia es la reparación del daño y que el perpetrador pague por el daño provocado.

La corrupción, el principal combustible para la tragedia social, es un entramado de intereses que contamina hasta el más puro ente social.

La tendencia en la criminalidad en Mazatlán corre en otra vía con relación a otras regiones del estado, como se dice, “Mazatlán se cuece aparte”.

Los delitos registrados acá, por simple que pueden parecer y considerarse, requieren de una atención integral que comienza por las autoridades locales.

Culiacán muere de noche

Toda la catástrofe emocional, social y económica generada por la violencia que inició el 9 d septiembre en Culiacán entre dos facciones del Cártel de Sinaloa será objeto de estudio en el futuro, pero en el presente persiste como el “inquilino indeseable”.

Toda la vida se ha tolerado, de alguna manera la inseguridad o dosis de violencia, pero verla casi en tiempo real en las redes sociales es imposible obviarla y no asustarse.

En este andamiaje de terror la vida nocturna de la capital del estado va perdiendo en el marcador de la indiferencia de las autoridades.

Restaurantes y bares que dependen de la noche prefieren cerrar antes o simplemente no abrir, es decir, el esparcimiento como tal no cumple su función a consecuencia de la inseguridad.

Tan solo en este periodo de tres semanas convulsas por la inseguridad, los organismos empresariales calculan pérdidas por 4 mil millones de pesos relacionados con la inseguridad y el miedo que genera.

La gente, temerosa de sufrir algún delito, prefiere resguardarse en sus casas.

En este panorama el empresario demanda a las autoridades poner un alto a todo este escandió violento para que las pérdidas no ahonden, de lo contrario se condena a la gente al desempleo.

Si esto no baja de intensidad, regiones del estado van a colapsar en los indicadores básicos, en lo económico y en el estado de derecho.