El cáncer infantil es un padecimiento que desgasta emocional y económicamente a todas las familias que padecen un caso.
Quienes lo viven en casa con algún hijo, sobrino o nieto saben que este mal consume las energías emocionales del núcleo familiar, y en el mejor de los casos están esperanzados a alargarles la vida unos meses o semanas.
Desde el gobierno, como política pública, esta enfermedad es considerada como uno de los males que más afectan a la población infantil entre los 3 meses de nacidos y los 13 años.
Sin embargo, no suficiente tratándose de los espacios en los que se atienden en los hospitales del sector salud público del país.
Ante este escenario la labor altruista de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para que los menores reciban el tratamiento que requieren, ya que los hospitales están saturados o no cuentan con los medicamentos que requieren estos males.
Los números en Sinaloa en esta materia dan un panorama negativo, pues se atienden a 600 menores con cáncer infantil, y cada año se registran hasta 60 casos.
La vida de un niño con cáncer no tiene porqué truncarse por falta de medicamento porque es responsabilidad directa de los gobiernos protegerlos.
Trabajos de alto riesgo en la narcopandemia
Ante la ola de violencia, que ha sacudido a la población del centro y sur de Sinaloa, hay muchos sectores atrapados en el fuego cruzado, y uno de ellos son los trabajadores de plataformas móviles, como Uber y Didi, por nombrar a las más conocidas.
Aunque siempre es un riesgo circular en motocicleta en la capital del estado, más lo es ahora en el contexto de una franca pugna frontal entre dos facciones del crimen organizado que se disputan el territorio, tras el rompimiento que implicó la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada al gobierno de Estados Unidos que ya inició su proceso judicial.
El estigma de los motociclistas es por el tema de que es el vehículo favorito de los punteros, esos grupo de jóvenes que corren detrás de las Fuerzas Armadas para reportar sus movimientos por la ciudad. Parte de las víctimas de la violencia son ellos que se encuentran en la parte más vulnerable de la cadena que integra la estructura delincuencial.
De ahí que el riesgo es latente, real, aunque para cualquier automovilista el peligro le acecha al elevarse de manera cotidiana los índices de despojos de unidades de forma violenta, la inseguridad acecha por los robos a comercios, lo que lleva a la paralización de la economía en general.
La imagen de una joven con la leyenda en su caja de mercancía de “No me disparen, abrazos no balazos”, refleja el miedo, y de hecho, al ser entrevistados un grupo de repartidores, refieren que han armado sus protocolos para bajar ese riesgo en el que andan.
No es el único tema que ha cambiado en estos más de 50 días. De hecho, en estas páginas se cuenta otro, el de la dificultad que enfrentan quienes esperan víveres perecederos de otros estados para surtir a la capital, demora que se traduce en pérdidas, tardanza que es reflejo del miedo que ronda las carreteras de la entidad, rutas que se han convertido en territorios de nadie.
Por el momento, a nivel federal, se busca que los repartidores y choferes de plataformas tengan a su favor derechos laborales, como seguridad social, seguros de accidente y que en última instancia, las plataformas de las que son socios, se hagan responsables, como cualquier otra empresa que contrata a su personal, y que tiene que cumplir con obligaciones hacia su gremio. La iniciativa todavía está en curso, pero se espera que sea aprobada, pues Morena ya tiene aceitada su mayoría calificada.
