La salud mental es esencial para la vida cotidiana del ser humano, pero al tratarse del ambiente laboral es un “ring de boxeo”. Lidiar con aspectos del andamiaje de una empresa o una oficina gubernamental, como personal, costos y demás, resulta ser caótico y afectar la productividad de la organización, pero principalmente al trabajador.
Los ecosistemas laborales tienden a malinterpretarse al grado que el caso laboral, y hasta sexual, se convierten en un predicamento principalmente para las mujeres.
Las empresas ya han sido requeridas a comprometerse con valorar la salud de sus trabajadores y de sus espacios laborales, de acuerdo con la NOM 35, que obliga a las empresas a garantizar que los centros de trabajos generen ambientes sanos.
De 60 establecimientos comerciales visitados en Mazatlán recientemente, de acuerdo con la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el puerto solo dos cumplieron, los 58 restantes no lo hicieron.
Las condiciones estresantes que generan los trabajos, con horarios irregulares, incluso de más horas laboradas, genera tensiones “extra chamba” que repercuten en el hogar.
La violencia familiar, de tipo física y emocional, se viven a diario en el puerto y no se denuncian a la primera, sino hasta que ya la víctima ya no aguanta y pide auxilio al exterior.
Por eso la supervisión de la aplicación de la NOM 35 debe ser más supervisada por las autoridades correspondiente, porque de lo contrario la situación se puede salir de control, sobre todo en estos tiempos en que todo problema se mal bautiza como “pandemia”.
La salud mental no es un juego, y desde los centros de trabajo se debe promover una cultura que erradique todos esos males que se han enquistados por años.
En estos tiempos en que la información fluye sin control y sin supervisión en las redes sociales, se está obligado a buscar fuentes confiables de información relacionadas con el tema para que las víctimas sepan enfrentar con criterios adecuados todo el ecosistema del estrés laboral.
¿Para quién trabaja la Fiscalía?
Bien sabido es que presentar una denuncia formal ante el ministerio público es todo periplo que no deja un buen sabor de boca, si de por sí enfrentarse a la incertidumbre y el miedo que genera pasar por un hecho delictivo es demasiado, ahora tener que pasar por el viacrucis de ser revictimizados en las oficinas de la Fiscalía, se suma a una forma de operar que perpetúa la impunidad.
No solamente es un maltrato en la forma, sino que el trasfondo es que, quienes trabajan en las agencias del ministerio público que recibe las denuncias, muchas veces llevan el doble sentido de que nunca van a investigar el delito perpetrado.
En estos momentos, el delito de robo de vehículo se ha disparado, de las tres o cuatro denuncias diarias, ahora se registran un promedio de 20, esto nada más en la capital del estado, según las cifras analizadas por El Sol de Sinaloa de los meses de septiembre, octubre y lo que va de noviembre, es decir, desde que estalló la violencia por las pugnas en el Cártel de Sinaloa.
Por eso es muy importante dejar asentada la pregunta, ¿para quién trabaja el personal de la Fiscalía? Ya hemos sido testigos de comandantes de su Policía de Investigación que andaban en malos pasos, el caso de José Rosario Heras, quien era escolta de Ismael Zambada García, desaparecido desde el secuestro del capo y asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda.
El otro es el agente de la Unidad Modelo de Investigación Policial, capturado por la Guardia Nacional en una camioneta de más de un millón de pesos con reporte de robo, además de que con armas y radios delincuenciales. La otra pregunta que queda es ¿en manos de quién estamos?
