Coincidencia o mala suerte, la baja temporada de turismo y el tema de violencia en regiones de la entidad se amalgamaron para llevar a la lona al tráfico aéreo durante septiembre en Mazatlán.
La suerte es una moneda al aire, pero la percepción de inseguridad en el puerto es más tangible y fácil de procesar, pues si la gente no se siente segura, deja de viajar al destino.
Desde el espectro empresarial las voces han insistido que tras la violencia desatada en el centro del estado, las noticias negativas sobre Sinaloa rozan a Mazatlán.
Del 9 al 30 de septiembre las pérdidas monetarias registradas por esta ola de violencia provocaron en los sectores económicos del puerto pérdidas por alrededor de mil millones de pesos.
Y en medio de todo esto, el turismo nacional e internacional, que representa el 12 por ciento de los visitantes que vienen a la Perla del Pacífico, ha reprogramado sus viajes por avión.
Los números no mienten y el desplome se puede agudizar en el puerto si para la temporada de invierno las cosas no mejoran en materia de violencia.
Los empresarios turísticos han manifestado que desde el Poder Legislativo se canalicen recursos para una campaña de promoción que reactive toda la actividad del sector.
Sin embargo, hasta el momento no se ha sabido nada, mientras, la declive turística es evidente todos los días, pues desde transportistas, restaurantes y en general la vida del puerto se apaga.
Recientemente se dijo que los vuelos que llegan procedentes de tres ciudades de a Unión Americana vienen con una capacidad del 95 por ciento, y que para diciembre los provenientes de Canadá vendrán con llenos completos.
Todo es percepción, si la imagen no se mejora, hasta los viajeros por carretera también dejarán de venir.
De hecho ya lo hacen debido a los bloqueos carreteros en las autopistas que conectan con Mazatlán.
Tráfico de armas
Si hay dos cosas que los gobiernos de México y de Estados Unidos no han podido combatir, quizá porque en el fondo entraña intereses económicos mezquinos: el tráfico de drogas de aquí hacia allá, y el de armas de allá hacia acá.
En medio de estas dos actividades, está la guerra. En Sinaloa y en otras partes del país, como Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, por mencionar algunos estados que padecen la violencia endémica heredada del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (que a su vez viene de atrás), las organizaciones criminales tienen una capacidad de fuego que parece interminable.
En poco más de 40 días de conflicto en Sinaloa, las fuerzas armadas han asegurado casi 350 armas de fuego, también ya se detectó por primera vez el uso de drones de vigilancia y artefactos explosivos improvisados, que al parecer no estallaron en las cercanías de Costa Rica.
Un dato revelador es que han sido asegurados al menos dos cargamentos que fueron interceptados en Guasave y el sur de Sonora, y que tenían como destino la zona centro donde mayormente se refleja el conflicto entre las dos facciones del crimen organizado.
Pero hasta ahí, el Gobierno federal no ha sido capaz de articular una estrategia real para frenar la entrada de armas de la frontera a nuestro país, desde luego que la corrupción de un lado y otro, provoca que la fluidez de armas no se detenga.
Ahora que traen el discurso de paz por parte de los actores políticos, como el general Gerardo Mérida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, sería bueno investigar con inteligencia las redes de distribución de armas y con ello empezar a diezmar la capacidad bélica de los grupos delincuenciales, ¿quién se animará a hacerlo?