El Gobierno federal anunció que en Sinaloa hay más de 10 mil militares de todas la ramas armadas para frenar la ola de violencia desatada desde el 9 de septiembre.
Y díganos usted, ¿ha funcionado el despliegue de tanto soldado, piloto, marino y guardia nacional?
Pura propaganda de guerra desde el Estado mexicano, aunque rechace llamarla así, el hecho es que los operativos no han mermado el reguero de sangre en que se ha convertido la entidad en esta disputada liderada por dos facciones del cártel de Sinaloa.
La Defensa no se ha cansado de alardear con el arribo de tropas y más tropas con sus juguetitos blindados y armamento para enfrentar a los civiles armados que asesinan a los contras y privan de la libertad a otros tantos.
Y en sus comunicados de prensa el lenguaje es el mismo: “en un incidente bla bla blá”.
Las Fuerzas Armadas en México están para defender al gobierno y a los ciudadanos, no para ser el gobierno.
La dinámica empresarial en que metió a las Fuerzas Armadas el gobierno de la 4T les dio armas para ser un Estado dentro de otro Estado, sin apego a la transparencia, además de moverse y navegar con total impunidad.
Las bajas que ha sufrido en particular el Ejército en algunos municipios de estado deben analizarse bien para valorar si la estrategia implementada en la tierra de los 11 ríos es la correcta.
En realidad, en la mayoría de los enfrentamientos con grupos de la delincuencia, a decir de las mismas Fuerzas Armadas, son circunstanciales, es decir, que se los topan en el camino.
Esa estrategia no responde a trabajos de inteligencia, que es lo que requiere una situación excepcional como la que vive Sinaloa.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apostó por esta labor con Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero la numérala de homicidios en el país es similar a la de López Obrador al principio de su mandato y eso no son noticias alentadoras.
En este escenario, las Fuerzas Armadas están expuestas al desgaste operativo y social, pues si no cambia la percepción ciudadana de que la seguridad que proporcionan los militares es efectiva, las calles se llenarán de ciudadanos molestos y el voto cobrará factura en las urnas.
