La construcción de palapas en la playa al amparo de la impunidad en el puerto no es nueva, pero como el intenso oleaje, erosiona la capacidad de actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En teoría la autoridad federal debería actuar contra ellas, pero alegan falta de personal para evitar que se erijan en la Zona Federal Marítimo Terrestre, es decir, en la franja costera.
Desde el Ayuntamiento esta problemática adquiere otra dimensión, pues Oficialía Mayor es quien debería tener “dientes” para sancionarla, porque a final de cuentas, se trata de una actividad comercial que debe rendir cuentas a la autoridad municipal.
Desde el año pasado la construcción de una palapa ha provocado el encono de ambientalistas y ciudadanos porque esos espacios le quitan a la sociedad lugares para el libre esparcimiento.
La gente necesita trabajar y se entiende, pero todo debe ser bajo lineamientos de la ley.
En el último trienio florecieron este tipo de construcciones desde el malecón hasta Cerritos, y lo que la autoridad federal justificaba es que esas zonas no requerían la Manifestación de Impacto Ambiental porque ya estaban “impactadas”. ¿Así o más claro?
Por eso ponerles un freno en la actualidad es casi imposible.
La naturaleza, es dedir, el mar de fondo o las marejadas, nos dan cuenta de ella cada vez que se pierde la franja costera y esas construcciones son reducidas a palos y palmas en la playa.
La legislación ahí está, solo falta aplicarla.
Gobierno tras gobierno se echan la bolita en nombre del turismo, ¿pero a costa de qué?
Los turistas las demandan por su gastronomía, pero si empezamos a perder el hilo de la legalidad, todo se saldrá de control.
Vemos recientemente como una construcción que se erige en la laguna El Camarón comenzó a rellenar con escombro una de las márgenes de ese cuerpo de agua, pero un sello de suspensión no basta.
