Culiacán, Sin.- “Es un delito prefabricado, pues con la ley en la mano se ha demostrado que la ASE no tiene atribuciones para fiscalizar los recursos propios de la institución” asegura Robespierre Lizárraga.

Indicó que en la audiencia a la que asistirán este martes, se espera que nuevamente sean separados de su cargo tanto él como Jesús Maduela Molina, lo cual evidenciará la persecución política por parte del gobierno del estado en contra de los universitarios.

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Por consecuencia, se tendrán que promover los amparos que correspondan y esperar que la justicia federal se posicione.

De igual manera, la Universidad deberá emprender acciones de protesta decididas y firmes frente a este abuso y atropello, ya que las autoridades intentan tomar por asalto la Casa Rosalina, considerándola un botín político.

Lamentó que entidades como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ignoren esta situación que afecta a estudiantes universitarios, así como incluso a médicos vinculados con los acusados.

Lizárraga Otero señaló que siempre ha sido la fragante intervención de un delito, y tanto él como Madueña Molina han sido procesados de manera ilegal derivado de que la ASE no tiene atribuciones, lo que ha sido ratificado por un tribunal colegiado.

“Le entró un apuro a la fiscalía y al propio poder judicial por resolver esas causas, el día de mañana esperamos un abuso, un atropello, una ilegalidad no deberíamos estar siendo procesados…” aseguró.