La crisis de las adicciones a las drogas ilícitas en el estado se traduce en un descontrol que las autoridades no pueden atender en su totalidad, lo que abre espacio a centros de rehabilitación que operan al margen de toda norma sanitaria.
Incluso, para las autoridades llegan a funcionar como “casas de secuestro”.
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La Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adiciones en Sinaloa tiene en el radar 332 centros de rehabilitación, de los cuales 120 operan de manera irregular, pero que podrían regularse si cumplen con una serie de requisitos.
Sin embargo, también existen los denominados centros de rehabilitación “patito”, que están fuera de cualquier control sanitario, y de los que por su naturaleza se desconoce cuántos existen en la entidad.
Efraín Vega, asesor jurídico de la Unión de Redes Contra las Adicciones de Sinaloa (URCAS), señaló que la propia autoridad reguladora manifiesta que no hace la chamba porque el costo operativo es elevado, que no tienen presupuesto ni personal suficiente para hacer las revisiones y después regresar a entregar el documento que los acredite como centros regulados.
Ante la situación, agregó, URCAS está en la disposición de apoyar con gastos y viáticos para que el personal acuda a terminar el trabajo a los centros de rehabilitación y así puedan obtener su registro.
"Que les den el registro (a los irregulares) si cumplen con los requisitos, y si no que los sancionen o que les pongan un plazo para subsanar, queremos centros que estén todos regulados, es la misión", agregó.
Los ‘patito’, la gran amenaza
Sin embargo, los “focos rojos” en Sinaloa no están en estos centros irregulares, sino en aquellos "patito” que operan fuera de la norma, funcionan sin supervisión de las autoridades, no cuentan con avisos de funcionamiento, no tienen manual de procedimiento o profesionales a su cargo y muchas veces ni siquiera brindan un tratamiento contra las adicciones.
Lo sucedido hace un año en Angostura, donde 57 jornaleros fueron retenidos contra su voluntad en centros de rehabilitación clandestinos, forzados a trabajar en actividades agrícolas, evidenció la existencia de éstos, pero hasta la fecha las autoridades no han podido erradicarlos.
"Nacen, rentan una casa, le ponen centro de rehabilitación y nunca inician el trámite que le corresponde, el aviso de funcionamiento, tener un responsable ante la Cofepris, hacer la solicitud en CEPTCA de inicio de operaciones, presentar una serie de requisitos que exige la Ley", expuso.
Es facultad y obligación de las autoridades, apuntó Vega, ubicarlos y clausurarlos, en este caso la autoridad sancionadora es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
"Las mismas familias de los usuarios se encargan de comunicar, de ir al CEPTCA a denunciar, porque tienen a sus hijos en centros equivocados y batallan bastante para sacarlos, les cobran cantidades exageradas, casi un secuestro… hagan su trabajo las autoridades, cumplan la ley", apuntó.
Diagnóstico
Históricamente la sociedad civil organizada se ha hecho cargo de atender y brindar un tratamiento a las personas que sufren alguna adicción, ya que hasta el momento el gobierno no cuenta con un sistema de tratamiento residencial.
Guillermo Rodríguez Gaxiola, presidente del consejo directivo de la Unión de Redes Contra las Adicciones de Sinaloa, mencionó que han iniciado un proyecto de recaudación de información para conformar una base de datos que permita ver la realidad de los establecimientos.
Se trata de un ejercicio que se hará semestralmente y que dará la pauta para la toma de decisiones de emprender una campaña de actualización, capacitación y apoyo para los 165 centros agremiados a URCAS.
En un primer diagnóstico, informó que el 12 por ciento (20) de los centros cuenta con un registro federal otorgado por Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), y el 41 por ciento tiene registro ante CEPTCA.
Entre los motivos, el 40 por ciento externó que no contaban con dicho registro por no aprobar la supervisión, mientras que el resto dijo estar en revisión pendiente.
El presidente de URCAS señaló que con las modificaciones que se le hicieron la Ley General de Salud se obliga al Estado a garantizar la salud de todas las personas con problemas de Salud Mental y adicciones enfocada, en la protección de derechos humanos.
"Hemos decidido actuar, ocuparnos a través de esta organización de la sociedad civil en fortalecer y empoderar a los centros de rehabilitación de nuestra entidad mejorando no solamente el servicio que apreciamos, sino también cambiar la imagen que ha prevalecido", dijo.
En el sur se atiende a 3 mil adictos
Víctor Capaceta Emus, presidente de la Red Rehabilita Sinaloa, informó que en el sur del estado se atiende a una población de 3 mil usuarios, la mayoría están en Mazatlán en 65 centros de rehabilitación, de los cuales seis son para mujeres.
El 80 por ciento de los pacientes está internado por el consumo de metanfetaminas, principalmente el crystal.
Aunque la edad de mayor impacto oscila entre los 18 y 29 años, mencionó que la edad de inicio de consumo por primera vez está entre los 12 y 16 años, y en el 66 por ciento los motivó a probar la curiosidad, de acuerdo a una encuesta realizada a los internos de Red Rehabilita.
"Sí, nosotros estamos haciendo acción preventiva en la adolescencia, estamos llegando tarde porque eso se desarrolla en la niñez. Se necesitan programas psicoeducativos que fortalezcan a los niños ante los estímulos que puedan estar fomentando la curiosidad”, mencionó.
¡Aplíquense, autoridades!
Rodríguez Gaxiola urgió a las autoridades estatales a poner en orden a los centros de rehabilitación "patito" durante el Foro de Profesionalización de Centros de Rehabilitación efectuado en Mazatlán, realizado hace dos semanas, donde había presencia de autoridades federales y estatales competentes en la materia, pero estuvo ausente Marta Alicia Torres Reyes, directora del CEPTCA.
“Hacemos un llamado enérgico a las autoridades en Sinaloa para poner un alto a los centros de rehabilitación ‘patito’, no somos nosotros quienes debemos ubicarlos, las mismas autoridades saben su ubicación, proceder antes de que sigan causando daños a los usuarios que, sin saber, confían en ellos, solamente apliquen la ley", exhortó.
Validez jurídica
De acuerdo al Programa de Reconocimiento y Ratificación de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones, para su reconocimiento y ratificación deben:
- Estar constituidos legalmente, contar con un aviso de funcionamiento y de responsable sanitario.
- Obtener cédula de supervisión, tener un Manual de Procedimientos.
- En Sinaloa hay 22 centros de rehabilitación reconocidos por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (13 ubicados en Culiacán, 4 en Mazatlán, 2 en Ahome, 2 en Navolato y 1 en Guasave).
Tipos de centros de rehabilitación
- Regulados: cuentan con el registro estatal, incluso el registro federal
- Irregulares: son los que por algún documento o la falta de algunos requisitos no tienen registro estatal
- "Patito" o ilegales, no tienen acercamiento con autoridades estatales que los regulan, no cumplen con ningún requisito ni tienen registro
