Mazatlán, Sin.- El Acuario Mazatlán cerró sin ningún fundamento jurídico y legal, solo con fundamentos políticos para beneficiar a los empresarios, apuntó el diputado federal Juan Torres Navarro al encabezar la reunión de ambientalistas para la defensa del Parque Central y lo que se pueda del viejo recinto marino.
El legislador consideró que en todo este proyecto que ronda al nuevo Acuario Mar de Cortés, hubo tráfico de influencias y conflicto de intereses entre el ex gobernador, Quirino Ordaz Coppel y el empresario Ernesto Coppel ya son primos, a través de una simulación de una Asociación Público Privada, pues incluso los ingresos que generaba la paramunicipal no se compara con los ingresos que va a obtener el municipio por concepto de taquilla con el nuevo centro acuático.
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“Qué bueno que haya empresarios que invierten en el puerto, pero que inviertan con su dinero, que no usen nuestros bienes públicos, ellos tienen dinero para comprar terrenos y que pongan lo que quieran poner, pero que la hagan en sus terrenos, pero no, es más fácil robarnos los bienes públicos con las complicidades de gobiernos estatales municipales y con el apoyo de gobiernos federales", apuntó.
Área protegida por un decreto federal
David Ocampo Peraza, presidente del Consejo para la Educación Ambiental y Agrícola recordó que precisamente el CEAA nació con el objetivo de proteger al ya extinto Bosque de la Ciudad junto con el Consejo Ecológico de Mazatlán (CEMAZ) de acuerdo a un decreto federal, que estipula no debe entregarse a nadie ni en concesiones.
Explicó que al estar en la antiguo Acuario asentado en el área protegida por este decreto, debía tener ciertas condiciones y brindar servicios a la comunidad y al medio ambiente s través de los programas de educación ambiental, el hospital de fauna silvestre o el de protección a la tortuga marina; el fin no era solo económico sino también social, por lo que el nuevo Gran Acuario, al estar también dentro de este polígono, deberá someterse a estas condicionantes.
Municipio sí tiene inversión
Por su parte el consultor especializado en temas de Medio Ambiente y Desarrollo, Ángel García Contreras, difirió del discurso de las autoridades municipales, quiénes dicen que la comuna no aportó dinero para la construcción del nuevo acuario, pero sí hizo una aportación a través de bienes inmuebles y recursos naturales.
Explicó que cuando se hizo la donación del gobierno federal al municipal en 1979 era un total de 30 hectáreas y el nuevo Acuario está situado dentro de 9, 700 metros cuadrados. Apuntó que el valor comercial de esta zona está en 25 mil pesos por metro cuadrado, si se saca cuentas el Ayuntamiento, además de sacrificar su Bosque de la Ciudad, utilizado para fines no estipulados por el decreto federal, entregó un polígono con valor de 250 millones de pesos.
"Esto va a dejar el margen jurídico para que se presenten en diversas iniciativas legales, no solamente contra las actividades que quieren realizar como fiestas y bailes que es un tema aparte, porque también el propio estudio impacto ambiental presentado por esta empresa concesionaria dice exclusivamente para la reparación, construcción, mantenimiento y operación del Gran Acuario Mar de Cortés, esa es la la solicitud que presentaron al Gobierno Federal, no más actividades, en los objetivos específicos no dice más más que la divulgación científica, didáctica de las especies marinas", explicó.
"Evaden responsabilidad legal*
Asimismo expuso que hay un discurso muy repetitivo por parte del alcalde Edgar González Zatarain de "aventar la bolita", y que ya nada se puede hacer porque el contrato se firmó en el pasado, cuando si se puede hacer algo al respecto.
Mencionó que de acuerdo al Reglamento de Espectáculos el municipio debe de recibir el 8% de los ingresos y no el cuatro, cuando se firmó este contrato por la empresa Kingu Mexicana, gobierno del estado y el Ayuntamiento de Mazatlán, se estableció solamente el 1% por concepto de taquilla, pero a través de una modificación que realizó el Cabildo anterior se incrementó al 4%.
"Para que nos demos cuenta que cuando quiere el gobierno puede modificar las cosas, el Cabildo anterior hizo un adendum a ese convenio, una modificación a esos acuerdos leoninos e impusieron el 4%", mencionó.
Acciones
A esta reunión a la que asistieron otros ambientalistas e interesados en la defensa de los recursos naturales y los espacios públicos se propusieron varias acciones, entre ellas están:
El diputado Torres Navarro reveló que ya está armando una denuncia en contra de los Ayuntamientos implicados, desde el 2018 a la fecha, funcionarios, regidores, síndicos procuradores y todos los que colaboraron en la entrega del acuario.
Añadió además que enviará un documento a la Profepa para evitar que se haga una transferencia legaloide de las especies, pues tiene sospecha de que el inventario biológico del viejo Acuario va a ser transferido a esta Procuraduría y luego ésta las va a transferir al nuevo Acuario, hacer una triangulación para "adueñarse" de las especies.
Solicitarán una reunión con los Regidores y ver la posibilidad de realizar otras modificaciones al convenio, renegociar el porcentaje por concepto de taquilla y que sea más beneficioso para el municipio.
Realizarán un pliego petitorio en el que expondrán que el nuevo acuario continúa con los programas ambientales y de educación
Que no se realicen eventos sociales en el recinto acuático. Que hay una participación más activa, ya sea del Ayuntamiento, de alguna asociación civil o de la comunidad en general a través de un consejo ciudadano.
También, no descartan una movilización en forma de protesta el día de la inauguración y la realización de foros con expertos que hablen sobre el tema.
