Mazatlán, Sin.- La labor del periodismo y de defensa de Derechos Humanos es la piedra angular de cualquier construcción de democracia en cualquier país del mundo, reconoció Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de ahí la importancia de garantizar su protección en el ejercicio de su labor.

Durante el "Curso de Mecanismos de protección para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas y medidas de autoprotección", mencionó que el contexto actual en México, de crisis y amenazas, no es nuevo, sino que prevalece desde hace unos 16 años. Mientras que del 2006 al 2012 fueron asesinados 100 periodistas, en el sexenio anterior fueron 94 y en el actual ya van 54 asesinatos.

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Focos rojos y factores de riesgo

En el actual sexenio se observa que el 56% de los asesinatos de periodistas se concentra en seis estados, Sonora, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Michoacán y Oaxaca. Mientras que los asesinatos de personas defensoras de Derechos Humanos, los estados de mayor incidencia son Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Morelos y Veracruz, acumulado el 64%.

Dentro del gremio periodístico se encuentra que son agredidos mayormente quienes ejercen la nota política, la nota policiaca, de seguridad, la nota de corrupción, inclusive la de aspectos sociales.

En el otro grupo están los defensores del derecho de acceso a la justicia, la verdad, a la reparación del daño, aquí están incluidas las agresiones contra buscadoras, también personas defensoras del medio ambiente, del territorio y de los recursos naturales, estos últimos van en aumento.

Las autoridades municipales constituyen un importante factor de riesgo, siendo los principales agresores, inclusive de una manera mayor que el crimen organizado.

La impunidad, más del 90% de los casos de agresiones a periodistas y personas defensoras se encuentran impunes, la mayoría están en fuero local.

Sin olvidar, la corrupción y coalición de autoridades y grupos delictivos, el incumplimiento de las obligaciones que tienen autoridades en esta materia y la falta de cultura sobre la importancia del ejercicio periodístico y de la defensa.

¿Qué se ha hecho en materia de legislación?

Ante este panorama, Irazoque Palazuelos, especificó que existe la obligación del estado mexicano en temas de protección y que involucra a los tres niveles de gobierno.

"Sinaloa es uno de los pocos estados que tiene un paquete de política pública muy muy sostenible en términos de protección, tienen una ley estatal de protección, tienen un instituto de protección y además está renovando un convenio de colaboración entre el gobierno de México y el gobierno del Estado para poder generar coordinación y cooperación en esta materia", dijo.

Agregó también que hay varios órganos autónomos que pueden generar capacidades para poder intervenir ante cualquier agresión, como las Fiscalías, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública.

"Este tipo de problemas, en materia de derechos humanos, tienen que atacarse bajo una visión de estado, es decir, ninguna institución por sí sola va a poder atacar todos los problemas en materia de derechos humanos y estructurales", agregó.

Pese a que hace 10 años se creó la Ley Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y junto con ella un mecanismo de prevención y reacción, a la fecha 15 estados no han legislado en esta materia y otros 16 no tienen organismo de protección con ley.

"Es ahí donde yo explico, si las soluciones no se dan desde lo local, el mecanismo de Protección Federal no tiene nada que hacer (...) donde el mecanismo de Protección Federal no tiene a un homólogo o no tiene un área de protección, genera una invisibilización de la problemática y de la falta de atención es ahí donde necesitamos reforzar esta parte", añadió.

Datos

En el mecanismo de Protección Federal se han atendido a 587 personas periodistas, de las cuales son 153 mujeres y 428 hombres, también a mil 090 personas defensoras de Derechos Humanos, de estas 600 son mujeres y 490 hombres, además 379 personas que son familiares de estos dos sectores, pues este mecanismo también se hace cargo de las familias de la víctima.

Sinaloa tiene 25 incorporaciones, más 10 personas familiares, esta entidad federativa se encuentra debajo de la media a comparación de Oaxaca, donde hay 202 casos.