A 11 días de la liberación de los 43 jornaleros provenientes de Chihuahua que trabajaban en condiciones de esclavitud en el Campo 35 en el municipio de Ahome, la empresa agrícola se rehusa a pagarles lo correspondiente y no ha llegado a un acuerdo con los jornaleros, informó la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral.
Durante estos días los jornaleros han estado refugiados en albergues municipales y han recibido apoyo de alimento de la Sebides y DIF municipal, sin embargo, el pago de su salario no se ha resuelto ya que la empresa agrícola para la que trabajaban se rehúsa a pagarles lo que corresponde.
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La titular de Sebides declaró que confía en que las autoridades resolverán de la mejor manera la situación de los jornaleros, la Fiscalía General del Estado y la Dirección del Trabajo y Previsión Social lograrán llegar a un acuerdo con la empresa que los mantenía en condiciones de esclavitud.
“Ellos ya tuvieron una primera audiencia y por información de las autoridades del Centro de Conciliación Laboral, en dicha audiencia no se llegó a ningún acuerdo para poder finiquitar el adeudo, por lo que se citó a una segunda reunión de conciliación para el día martes 07 de febrero del presente año”, informó Pérez Corral.
“El llamado que nosotros hacemos a los patrones es que ya se llegue a ese acuerdo para que los trabajadores puedan cobrar y regresar a su vida normal, porque es importante destacar que están solicitando se les pague el tiempo que están sin trabajar, esto es, salarios caídos, es decir, cada día que pasa ellos son acreedores a más pago, por lo también es bueno para los patrones conveniar y pagar lo antes posible para evitar que el monto siga creciendo”.
La Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable informó que continuará con este acompañamiento, brindando alimentos y refugio a los jornaleros sin entorpecer el trabajo de las autoridades competentes.
Derechos Humanos
Ni el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos han declarado si hay una denuncia en proceso que busque castigar a la empresa agrícola, o las personas que resulten responsables por el delito de privación de la libertad y trabajo forzado.
Hasta este momento las autoridades municipales y estatales solo han informado del proceso legal para el pago del b de los trabajadores, más no de una reparación del daño, psicológico y emocional ante la violación a sus derechos humanos.