Mazatlán, Sin.- Debido a un supuesto abuso de autoridad en contra de un civil por parte de agentes de la Policía Municipal de Mazatlán, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), envió la recomendación 7/2021 al gobierno municipal del puerto.
Según la información, la emisión de la recomendación ocurrió después de que acreditaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán agredieran los derechos humanos, la integridad física, seguridad personal con malos tratos y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, en agravio de dicha persona.
El afectado emitió una queja ante la CEDH, en donde describió que, fue mientras él se encontraba en su domicilio, ingresaron tres elementos de la Policía Municipal para detenerlo por la presunta posesión de narcóticos.
La víctima aseguró en su denuncia que, mientras estaba en detención de los elementos de seguridad fue maltratado, dejándole secuelas visibles en el cuerpo, dejando todo documentado en el expediente de la queja que aún se analiza.
De acuerdo con la recomendación de la CEDH, una vez que la víctima fue detenida, trasladada y puesta a disposición por su presunta responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos, iniciando con la carpeta de investigación en la cual se ordenó su libertad, pues los elementos de la policía ingresaron al domicilio de manera ilegal.
El afectado presentó la queja en la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría, donde comenzó un expediente, el cual fue decretado como sobreseimiento por falta de elementos que acrediten la responsabilidad de los policías preventivos que fueron parte de los hechos, de los cuales, hasta el momento, su resolución no obra constancia de notificación a la víctima.
La CEDH, informó también que en cada una de sus resoluciones ha dejado claro que no se opone a la investigación y persecución de los delitos, ni tampoco se opone a la imposición de sanciones por las faltas o infracciones a los reglamentos de gobierno y de policía por parte de las autoridades, de la misma manera que a la comisión no le compete investigar la conducta delictiva o infractora de los reglamentos establecidos por las autoridades.
En el informe la Comisión marcó el artículo primero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como último objetivo en el estado la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales. Así como también señala el segundo párrafo del artículo Cuatro Bis, el cual afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos.
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