Culiacán, Sin-. Un día antes de comparecer ante el juez de control, a Brisya Carolina le confirmaron que su depósito de 5 mil pesos estaba en firme para otorgar un amparo provisional para no ser arrestada por el delito de encubrimiento por favorecimiento dentro del caso del periodista asesinado Luis Enrique Ramírez Ramos.
De acuerdo con la lista de estrados del expediente 593/2022 radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Culiacán, el 13 de junio pasado, la mujer presentó la demanda de amparo para no ser arrestada bajo una orden de aprehensión.
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A Brisya Carolina no se le acusa del homicidio, sino de haber “perdido pruebas” que presuntamente comprometen a su pareja, quien es la segunda persona con un mandamiento judicial por el crimen de Ramírez Ramos, y quien se encuentra sin ser localizado.
Ella sí acudió a comparecer ante el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, el viernes 1 de julio pasado, acompañada de sus abogados defensores.
Pero antes de esto, Brisya Carolina, a sabiendas que la Fiscalía General del Estado la investigaba, solicitó el amparo, el juez federal lo admitió el 13 de junio y para el día 21, 8 días después, le concedió una suspensión provisional para no ser detenida.
Una vez fijada la fianza de 5 mil pesos, la cual fue depositada en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el juez federal comunicó a la Policía de Investigación y a la Unidad Especializada en Aprehensiones que ella no podía ser detenida por lo pronto. Esta semana se resuelve si la suspensión de la orden es definitiva.
Por eso el viernes a las 10:04 de la mañana Brisya Carolina llegó sin ser molestada, y sus abogados solicitaron aplazar la audiencia inicial debido a que la Fiscalía no entregó los documentos para conocer la acusación.
Fue así como se fijó el próximo 12 de julio para celebrarla y ahí el juez de control decidirá si Brisya Carolina es vinculada a proceso o no, pero en caso de que sea así, llevará su caso en libertad, amparada y con la posibilidad de que el juicio de garantías constitucionales la beneficien por las posibles pifias de la Fiscalía General del Estado.
El gobernador Rubén Rocha Moya ha defendido que si por algo fueron alertados los presuntos responsables del crimen del periodista, es porque desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ventiló información que debía permanecer en secrecía.
Con tanta pifia, la impunidad flota en el aire en el homicidio de quien fuera fundador del portal Fuentes Fidedignas y columnista del periódico El Debate, y quien contaba con una trayectoria de 40 años en el ejercicio periodístico.
