Culiacán, Sin.- A un mes de la ola de violencia que se vivió en el estado de Sinaloa tras la captura del Capo Ovidio Guzmán, el Consejo Estatal de Seguridad Pública marcó una agenda con ocho acciones y propuestas para evitar un tercer Culiacanazo en futuros operativos para detener a miembros del crimen organizado.
Las propuestas de los 18 consejeros y consejeras de la Coordinación General del CESP consisten en alcanzar el estado de fuerza óptimo que señala la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, que es de 300 elementos por cada 100 mil habitantes. En Sinaloa hay un déficit del 30 por ciento, ya que se cuenta con 213 elementos por cada 100 mil habitantes.
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Los consejeros proponen debilitar la estructura bélica, financiera y logística de las organizaciones criminales, combatiendo el lavado de dinero y de armas de manera estratégica, garantizando una efectiva coordinación entre las fuerzas federales, estatales y municipales.
De igual modo, proponen la construcción de bases de operación de la policía Estatal en el norte y sur del estado, en la ciudad de Los Mochis y Mazatlán. Además de consolidar el Servicio Profesional de Carrera Policial para brindar garantías laborales y estímulos a los elementos policiales del estado, así como a los municipales.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública señaló que es urgente transformar el Sistema Penitenciario a uno que haga efectiva la reintegración social a través de la renovación de las penitenciarías estatales, o bien con la construcción de nuevos penales que recuperen el 100 por ciento de la gobernabilidad al interior.
A los 18 municipios del estado se les solicita que apliquen sus bandos de policía y buen gobierno con apego a la ley, estricta vigilancia y sanciones a las infracciones.
Exhortan a la Fiscalía General del Estado a reducir la impunidad, fortalecer de Unidades Especializadas y Unidades de Atención Temprana y que mejore el esquema de denuncias, que sea más rápido y sin contratiempos.
Los consejeros le solicitan a los diputados y diputadas del Congreso del Estado que elaboren un diagnóstico estratégico sobre factores de delito y asignen recursos públicos en concordancia con sus resultados.
Además de asignar recursos para bases de la policía estatal en Ahome y Mazatlán, reformar la Ley de Seguridad Pública en relación con el Servicio Profesional de Carrera Policial, crear el sistema de reintegración a la sociedad para desincentivar la reincidencia delictiva y destinar presupuesto basado en diagnósticos para la construcción de por lo menos un nuevo centro penitenciario con condiciones y altos estándares de seguridad.
Estas acciones deberán tener indicadores públicos para dar seguimiento a los resultados y participar en la toma de decisiones. Estas propuestas van encaminadas a la construcción de paz respetando el estado de derecho, señaló la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
