Mazatlán, Sinaloa.- El problema principal de seguridad pública en Mazatlán no sólo es el déficit de elementos preventivos que tiene la corporación, como lo señalara recientemente el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, sino que a eso se agrega que más de la mitad de los 700 preventivos que trabajan están en proceso de retiro por antigüedad, son de edad avanzada o tienen incapacidad, están enfermos o sufren lesiones que les impiden seguir laborando al 100 por ciento.
Cuando menos más de un centenar de ellos ha contratado los servicios de algún despacho de abogados para exigir su jubilación, al cumplir sus 25 años de antigüedad o tener más de 60 años de edad, a éstos se suman los incapacitados por riesgo de trabajo y aquellos que presentan problemas de enfermedades crónico-degenerativas o tienen lesiones lumbares, de vértebras o cervicales.
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Se estima que hay alrededor de 100 agentes preventivos que tienen problemas físicos producto de riesgos de trabajo, a quienes se les niega el certificado de incapacidad total o permanente para que tramiten su pensión por invalidez, a cambio el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” les da incapacidad cada semana.
Tan sólo dos despachos de la localidad acumulan más de 100 demandas de agentes activos que siguen su proceso por la vía legal ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la mayoría de ellas tiene hasta cuatro años de litigio, pasando por las últimas tres administraciones.
La excusa del gobierno siempre ha sido la misma: No se puede pagar más jubilaciones por la falta de liquidez, el soporte del gasto público y la deuda que arrastra el Ayuntamiento desde administraciones pasadas.
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El caso es que cada año se suman a la lista más policías municipales con derecho a su jubilación, al cumplir sus 25 años de servicio, envejeciendo así el cuerpo de seguridad pública, sin que ninguna administración haga algo al respecto.
En contra parte, este año el municipio de Mazatlán recibirá del gobierno federal como subsidio para el Fortalecimiento de Desempeño en Materia de Seguridad Pública 21 millones 747 mil pesos, más una aportación municipal de cuatro millones 349 mil pesos, recursos que se destinarán a equipamiento, construcción de infraestructura, prevención del delito, conformación de bases de datos y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.
En cuanto al recurso humano, el subsidio abarca aspectos de evaluación de control de confianza, capacitación, homologación, mejora de condiciones laborales, profesionalización y certificación.
Sin embargo, ni el gobierno federal ni el estatal ni el municipal destinarán recursos para la jubilación de los policías, que esperan desde hace tres administraciones atrás el cumplimiento de su derecho laboral.
Por el contrario, el Ayuntamiento de Mazatlán en turno, a través del Tribunal Municipal Laboral, ha iniciado con la notificación de rechazo a todas las demandas interpuestas por despachos de abogados o en forma particular, relacionados con jubilaciones, pensiones e incapacidades de policías.
POR LA VÍA LEGAL
El retraso en las jubilaciones y solicitudes de pensiones anticipadas, así como en demandas de incapacidad e invalidez por riesgo de trabajo retenidas, ha orillado a que policías en activo recurran a la vía legal, contratando despachos de abogados como el de Pedro Velázquez Vizcarra y Clicerio Díaz Guzmán y Asociados.
Tan sólo en estos dos despachos hay más de 100 casos por demanda de jubilación y alrededor de 100 solicitudes de pensión anticipada, incapacidad por enfermedad o invalidez por riesgo de trabajo.
La mayoría de estos litigios tienen más de tres años, algunas han pasado por tres administraciones municipales, sin que haya una resolución favorable.
Clicerio Díaz Guzmán señala que la respuesta siempre ha sido la misma: no hay dinero para pagar, argumentando la falta de liquidez, el soporte del gasto público y la deuda que arrastra el Ayuntamiento desde administraciones pasadas.
Recientemente, el Tribunal Municipal Laboral inició con la resolución de varias de las demandas, donde determina la incompetencia para conocer de esos juicios “por tratarse de personal de confianza en el área de seguridad”, turnando sus actuaciones al Tribunal Contencioso Administrativo.
“Veo que de todas maneras, el Ayuntamiento va a darle la jubilación a la gente, ya sea el tribunal municipal o el contencioso, van a determinar lo mismo, no es más que hacer más lenta la agonía del trabajador, porque al final de cuentas, el Ayuntamiento va a pagar todas esas mensualidades, lo que están haciendo es tiempo nada más”, expresó el abogado.
Dijo que el Tribunal Contencioso Administrativo no debería de tardar más de un año y medio en resolver, con todo y amparo; sin embargo, en la práctica los tiempos se alargan por la saturación y exceso de trabajo que tienen los tribunales y el poco personal que existe, como ha pasado con otros casos.
“Si ya empezó a resolver así (el Tribunal Municipal Laboral), van a seguir con ese criterio para no retrasar tanto el proceso, para que de una vez se vaya al Contencioso”, adelantó.
El problema es que en los últimos años, las administraciones municipales han dado largas a esta situación, con el propósito de que los gobiernos que les siguen se hagan cargo y no ellos, y pareciera que la tendencia es la misma con la administración en turno.
Sin embargo, Díaz Guzmán comentó que el demandante tiene la opción de acudir al Poder Judicial federal para que le resuelvan de manera más rápida, a través de los juzgados de distrito, poniendo los amparos de manera directa en contra de la omisión de la autoridad laboral, por no acordar con los términos de la Ley.
“Muchas veces nosotros no hacemos esos amparos porque estamos con tantos asuntos y estamos conscientes de la problemática, y con base a ello, conciliamos con la autoridad para que nos vaya sacando los casos”, indicó.
Comentó que su despacho sólo espera la resolución completa de los expedientes para turnarlos, ya sea a lo Contencioso Administrativo o algún otro despacho o colega que interponga el recurso de amparo ante las instancias federales.
DÉFICIT DE POLICÍAS
El estándar mínimo para el óptimo funcionamiento de cualquier corporación de seguridad pública municipal es de 1.8 policías por cada mil habitantes, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A nivel nacional, la cobertura es de 1.1 policías por cada mil habitantes sin depuración policial, y de 1.0 la real, que es excluyendo los agentes reprobados en el examen de control y confianza.
Para el caso de Sinaloa, el estado de fuerza real operativo es de 0.2 por cada mil habitantes, muy por debajo del estándar nacional mínimo de 1.8.
Para lograr este nivel, a Mazatlán le faltan 800 elementos preventivos, aseguró recientemente el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, ya que sólo cuenta con 700 policías; sin embargo, de tener mil 500 preventivos, la cobertura sería de 0.3 por cada mil habitantes, si se toma en cuenta que este municipio cuenta con una población de 538 mil 334 personas.
Mientras Mazatlán siga dándole largas a las jubilaciones y no conceda las incapacidades por invalidez, no podrá prevenir el delito de manera óptima, con un cuerpo policiaco envejecido, enfermo e insuficiente en número.
DATO
1.8 POLICÍAS por cada mil habitantes es el estándar mínimo para una óptima función policial.
MONTO DE ASIGNACIÓN DEL FORTASEG
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública:
AHOME: 18’849,711
CULIACÁN: 70’402,572
GUASAVE: 12’266,168
MAZATLÁN: 21’747,009
NAVOLATO: 10’000.000
FUENTE: Diario Oficial de la Federación 25/01/2018
APORTACIÓN MUNICIPAL
AHOME: $3’769,942
GUASAVE: $2’453,233
CULIACÁN: 14’080,514
NAVOLATO: 2’000,000
MAZATLÁN: 4’349,401
COBERTURA POLICIAL
Nayarit: 0.8/1,000 habitantes
Baja California Sur: 0.5/1,000 habitantes
Durango: 0.4/1,000 habitantes
Sonora: 0.4/1,000 habitantes
Baja California: 0.3/1,000 habitantes
Sinaloa: 0.2/1,000 habitantes
Nacional: 1.1/1,000 habitantes
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
