La senadora Imelda Castro Castro presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el cual se exhorta a las autoridades a investigar los ataques contra periodistas, políticos y activistas en Sinaloa. Ahí señala al principal dirigente político del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, como presunto responsable de campañas de desprestigio.
El punto de acuerdo busca solidarizarse con los medios de comunicación sinaloenses, como Noroeste y Revista Espejo, así como los nacionales, Animal Político y Sin Embargo, que han sido víctimas de estas campañas de desprestigio. Además, se hace un llamado a las autoridades para implementar sistemas de prevención y alerta oportuna, a fin de evitar que la estigmatización se convierta en agresiones físicas directas.
También puedes leer: Amenazas contra periodistas y activistas prevalecen hace 16 años
Asimismo, se exhorta al Gobierno del Estado de Sinaloa a actuar en el marco de sus atribuciones y condenar enérgicamente los hechos que afectan los derechos humanos y la libertad de prensa.
Imelda Castro enfatizó la importancia de proteger la libertad de prensa y expresión en una sociedad democrática, garantizando que los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias o violencia.
El punto de acuerdo, informó la legisladora, también busca reforzar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, instando al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa a activar y fortalecer los sistemas de prevención y alerta oportuna, con el objetivo de prevenir ataques físicos contra periodistas y activistas.
Menciona que Héctor Melesio Cuen Ojeda, fundador y dirigente del Partido Sinaloense (PAS), y su grupo han mostrado abiertamente intolerancia hacia expresiones periodísticas y de opinión que no les favorecen.
Prueba de ello son las querellas legales promovidas contra comunicadores, columnistas y caricaturistas, así como campañas de difamación, desprestigio y acoso contra académicos y adversarios políticos, presumiblemente financiadas con recursos públicos recibidos por el partido.