Culiacán, Sin.- El grupo parlamentario de Morena advirtió que el Fiscal General del Estado pese a que es autónomo debe rendir cuentas ante el poder legislativo cada año, además de ser removido si no cumple con sus funciones.
En tribuna la diputada Cecilia Covarrubias González, expuso que no se debe confundir la autonomía conferida de la Fiscalía, con inamovilidad del cargo ante la eventual ineficacia de su titular. La pertinencia de su continuidad debe ser valorada por instituciones democráticas.
Precisó que para ello, el grupo parlamentario de Morena ha presentado una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General el Estado de Sinaloa, donde se establece la obligación de los fiscales, en el momento de su designación o nombramiento, de presentar el Plan Estratégico de Persecución Penal para todo el periodo con un informe anual de cumplimiento o avance de objetivos.
Así como las medidas que deberán tomarse en caso de que el fiscal general incumpla con este plan y con otras cuestiones de legalidad relacionadas con la permanencia en el cargo.
También se establecen algunos causales para su remoción como es la falta de cumplimiento de los objetivos y metas del Plan, el quebranto indebido de la reserva de ley, que deben tener todos los expedientes o carpetas de investigación integradas por la propia fiscalía, incurrir en faltas administrativas graves, incapacidad parcial o total del fiscal para ejercer el cargo, por más de 6 meses; y mal uso, o uso indebido del derecho que le asiste al fiscal, del no ejercicio de la acción penal.
La legisladora observó que es tiempo de que se haga un esfuerzo sincero en favor de la eficiencia, la efectividad y la rendición de cuentas, tanto entre instituciones, como ante la ciudadanía.
Recordó que en el 2017 el congreso emite la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, sin embargo dicha ley omite prever una planeación estratégica para la persecución penal, lo que impide conocer el diagnóstico de la problemática a atender, así como los objetivos y metas a alcanzar.
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“Es importante recordar que el objetivo de las grandes trasformaciones jurídicas e institucionales que se han producido en años recientes en nuestro país, pretenden garantizar en la mayor medida posible la rendición de cuentas”, agregó.
Comentó que la rendición de cuentas se torna incierta si no se conocen previamente los objetivos y metas que se aspiran alcanzar mediante la implementación de determinada estrategia, y añadió que el modelo de rendición de cuentas implica la posibilidad de identificar claramente, cuando un servidor público no cumple con los objetivos planteados, de tal suerte que sea procedente su remoción del cargo.
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