El secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Gerardo Alapizco Castro, y el director de Asuntos Jurídicos de la institución, doctor Robespierre Lizárraga Otero, denunciaron un nuevo ataque a la Casa Rosalina e indicaron que existe de una evidente persecución política contra la casa de estudios.
Fue a través de una conferencia de prensa cuando dieron a conocer, en representación del rector, Jesús Madueña Molina, que la Fiscalía General del Estado negó a la Universidad la entrega de una denuncia penal en contra de autoridades estatales, además acusaron que personal de dicha dependencia estatal se ha presentado en las instalaciones universitarias lo que calificó de actos intimidatorios.
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Amenazas a la autonomía
Alapizco Castro informó que desde el pasado mes de marzo la Universidad ha visto su autonomía amenazada al aprobarse la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que violenta dicho principio, por lo que se recurrió a la Justicia Federal interponiendo amparos que han recibido suspensiones temporales y definitivas.
“La situación se ha venido agravando cada vez más, involucrando a las dependencias y alcanzando niveles que a todos llama mucho la atención”, mencionó.
Robespierre Lizárraga Otero, abogado general de la UAS, señaló que, el pasado 24 de marzo se vieron en la necesidad de buscar interponer una denuncia penal contra hechos considerados delictivos, se elaboró la denuncia con todo cuidado y se acudió el 24 al Centro de Atención Temprana a entregarla.
“No se nos permitió entregar la denuncia penal contra servidores públicos, nos negaron entregar una denuncia penal en la Fiscalía, nos dejaron en estado de indefensión, violaron derechos humanos, nos negaron el derecho a la investigación y violentaron también el Derecho de Petición constitucionalmente reconocido”, explicó.
Sin recepción
Para pruebas de lo anterior, se presentó el testimonio de un Notario Público, al que se le solicitó que acudiera cuando se vio la negativa de las autoridades, el Notario preguntó a las autoridades si iban a recibir la denuncia y la respuesta fue un “no”, para preguntar luego por qué no se recibiría, a lo cual se respondió que “tenía que revisar”.
Ante esto, el abogado general detalló que, con esos hechos, se evidencia la persecución política que la Universidad Autónoma de Sinaloa sufre, procurando incluso una audiencia con la Fiscal del Estado sin obtener resultados.
“Aquí está la denuncia penal sin recibir, nos esmeramos en elaborar un documento responsable, apegado a derecho y con documentos que aprueban situaciones que nosotros catalogamos como delitos y que ponemos a disposición de la autoridad correspondiente a que entre a investigar y nos dé la certeza que la procuración de justicia busca”, comentó.
Finalmente, el defensor indicó que estas acciones se acompañan de otros hechos intimidatorios como son las declaraciones de diputados que aseguran que la UAS no tiene amparos, así como la presencia en las instalaciones universitarias de dos grupos de agentes investigadores de la Fiscalía.
