Mazatlán, Sin.- El Observatorio Ciudadano de Mazatlán denunció al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán por probable omisión en el cumplimiento de funciones ante las faltas que involucran a siete exfuncionarios de la administración municipal 2017-2018, todos relacionados con contratos de obra pública.
Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano, comentó que en abril de 2019 se presentó una denuncia por faltas administrativas graves y no graves relacionadas con contratos de obra pública en la administración municipal 2017-2018.
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Sin embargo, hasta enero de 2020 el expediente vuelve a tener actividad, cuando el Órgano Interno de Control solicita la opinión técnica de un profesional en el tema. Pasaron muchos meses sin actividad del caso.
“En abril de 2020 el Órgano Interno de Control comisionó a un arquitecto para emitir la opinión técnica profesional requerida y hasta diciembre de ese año se remite la auditoría sobre el análisis y opinión del expediente sobre presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos municipales. Entre estos actos de investigación pasaron ocho meses”, señaló.
Agregó que en noviembre de 2021, después de 11 meses del último registro de actividad del caso, el Órgano Interno de Control pidió el expediente laboral de uno de los implicados; y en enero de 2022 emitió el acuerdo de calificación de falta administrativa, sin embargo se emitió la improcedencia porque la responsabilidad de los exfuncionarios implicados se había extinguido por prescripción y se archivó el caso como total y definitivamente concluido.
“Debido a los largos periodos de inactividad de la investigación, consideramos que hubo omisiones por parte del Órgano Interno de Control por incumplimiento, ya que al pasar el tiempo se perdió la oportunidad de calificar y aplicar las sanciones que establecen las faltas”, expresó.
Por ello, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán denunció al personal implicado del Órgano Interno de Control ante el propio Órgano Interno de Control, al considerar que hay omisión en el cumplimiento de funciones como lo establece el Artículo 90 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, que dice lo siguiente.
“En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto de los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad, y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente de su conjunto”.
En este caso, se cayó además en la omisión en el cumplimiento de funciones y se cometió falta administrativa no grave contemplada en la fracción I del Artículo 49 de dicha Ley, la cual dice: “Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
l. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”.
Piden investigación
Gustavo Rojo aseguró que por lo anterior exhortan de manera pública al propio Órgano Interno de Control a realizar una investigación objetiva, apegada a derecho y que se sancione en tiempo y forma a quien resulte responsable.
“Al mismo tiempo, hacemos un llamado a las autoridades estatales implicadas para vigilar el proceso de este caso y vigile la no repetición en investigaciones de otros municipios de Sinaloa”.
