Mazatlán, Sin.- Observatorio Ciudadano de Mazatlán interpuso denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por presuntos daños al patrimonio municipal derivado de irregularidades y omisiones en torno al caso NAFTA, en la que están involucrados 17 funcionarios y ex servidores públicos de las últimas 4 administraciones, y 2 particulares, por lo que ahora el Ayuntamiento está obligado a pagar más de 141 millones de pesos a la empresa Nafta Lubricantes S.C de R.L de C.V.
La denuncia presume faltas administrativas graves en que habrían incurrido alcaldes, directores de área, miembros del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento del Municipio, responsables de las finanzas públicas y el titular del Órgano Interno de Control.
En la lista se encuentran los ex alcaldes Luis Guillermo Benítez Torres, Fernando Pucheta, Carlos Felton y Alejandro Higuera, así como Rafael Padilla, actual titular del Órgano Interno de Control, el ex síndico Procurador, Javier Ernesto Magaña, la ex contralora, Melania García, y los ex servidores públicos Joel Bouciéguez, Ricardo Ramírez, Carlos Venegas, María del Rosario Torres, Ernesto Tapia, David Escobar, Juan Manuel Ochoa, Ismael Barros, Joel García y Miguel Pérez.
Asimismo, la denuncia también involucra a los abogados Aída Pamela Durán Chío y César Aristóteles Morales Silva.
Gustavo Rojo Navarro, director de este organismo ciudadano, dijo que próximamente se presentará denuncia penal ante las instancias correspondientes para que se sancione a los culpables y responsables de este caso perdido por el Ayuntamiento.
“Es la primera denuncia que se hace en torno al caso NAFTA, cuando la ley estable que se debe de seguir de oficio por los órganos fiscalizadores, de conocimiento se puede iniciar o por denuncia o por resultado de una auditoría”, expresó.
La denuncia fue entregada el pasado 12 de abril ante la ASE para que investigue las presuntas faltas administrativas graves y en caso de determinar que hay suficientes elementos para castigar esas faltas se turne al Tribunal del Sistema de Justicia Administrativa, que es el órgano encargado de imponer las sanciones.
Exhortó a ASE para que haga la investigación exhaustiva y objetiva, de manera rápida y haya resultados, pues el hecho implica un importante daño a la hacienda pública por el orden de los 141 millones 802 mil pesos, recurso público patrimonio de los mazatlecos.
“El tema ya está en la cancha del órgano fiscalizador, en este caso ASE, y les pedimos que realicen las investigaciones correspondientes de una manera ágil para que no se lleve tanto tiempo de emitir un resultado con respecto a la denuncia”, apuntó.
CASO NAFTA
El caso Nafta data desde febrero-marzo de 2012, cuando el Ayuntamiento autorizó un dictamen de uso de suelo y un permiso a favor de la empresa Nafta para que construyera una gasolinera en la colonia Palos Prietos. Ante una sentencia de amparo, la empresa particular presentó una demanda contra el Ayuntamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que fue admitida en enero de 2015. La demanda no fue respondida ni tampoco se asistió a la audiencia de desahogo de pruebas.
En junio de 2016, el Tribunal en mención resolvió condenar al Ayuntamiento de Mazatlán y a la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable al pago de 141 millones 802 mil pesos por perjuicios a favor Nafta.
Para dar atención y seguimiento al juicio de nulidad, se hizo un contrato de manera directa por servicios profesionales del orden de los 3 millones 180 mil pesos, durante la administración de Carlos Felton, en el que estuvieron involucrados la secretaria del Ayuntamiento y el tesorero municipal.
En septiembre de 2017, Joel Bouciéguez, secretario del Ayuntamiento en turno, solicitó al Comité de Adquisiciones contratar los servicios profesionales de otro abogado para lograr sentencia absolutoria a favor del Ayuntamiento. El contrato terminó en octubre de 2018, el acuerdo era entregar 7% de comisión sobre los 141 millones de pesos si se cumplía el objetivo de la absolución, sin embargo, no se logró y el Ayuntamiento le pagó por honorarios 5.2 millones de pesos.
En diciembre de 2018, Luis Guillermo Benítez Torres firmó un convenio de colaboración con el empresario Juan José Arellano Hernández, representante de Nafta que obliga al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar los $141 millones 802 mil pesos por la demanda perdida, más la cantidad que resulte por concepto de intereses, recargos y actualizaciones.
Se presume que incurrió en faltas administrativas graves por atribuciones que no le corresponden, ya que este trámite es facultad del Síndico Procurador en turno, de acuerdo al Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
En el caso Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control, habría cometido también faltas administrativas graves, al no cumplir con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, que establece que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de auditorías o, en su caso, de auditores externos.
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