Mazatlán, Sin.- A raíz de la pandemia, desde marzo del año pasado, todas las consultas con especialistas quedaron suspendidas hasta nuevo aviso en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A más de un año de sobrellevar la crisis sanitaria, las citas no han sido reagendadas, por lo que los pacientes han tenido que atenderse por fuera y gastar considerables cantidades de dinero, tanto en doctores como en medicamentos.
Tal es el caso de la señora Guadalupe Alatorre Sánchez, de 66 años de edad y diagnosticada con parkinson desde el 2018. Las citas en Neurología fueron canceladas en marzo del 2020 en el IMSS número 3, mejor conocido como "Seguro nuevo", su enfermedad requiere por lo menos una revisión cada tres meses y como máximo cada seis meses.
La falta de atención provocó que perdiera la movilidad de mis piernas, quedé postrada por 15 días en sillas de rueda, impidiéndome hacer mis actividades básicas.
Alatorre Sánchez
Ante la falta de consultas, su familia decidió atenderla con un médico particular, quien confirmó que la enfermedad avanzaba muy rápido y que el medicamento que le habían recetado en el IMSS, Levodopa/ Carbidopa, más que ayudar, aceleraba la enfermedad, pero que había otros medicamentos para detener el problema, en este caso el Pramipexol y Rasagilina.
"Y efectivamente, al mes de tomar el medicamento y hasta el día de hoy, ya camino sin ayuda y puedo hacer sola mis actividades", agregó.
Una de las hijas de Alatorre Sánchez levantó un juicio de amparo, ya que se le estaba negando el derecho a su madre al servicio de salud, pues por la falta de atención y la falta de medicamentos, su vida incluso estuvo en riesgo.
"Fui a su consultorio familiar para solicitar dichos medicamentos y sólo le surten la Levopoda/Carbipoda y la Pramipaxol. No tiene el IMSS la Rasagilina, la respuesta que me dijeron es que yo la tenía que comprar", explicó Lupita, su hija.
Después de esta contestación procedió al juicio de amparo, sin embargo, el juez del Décimo Distrito de Sinaloa falló a favor del IMSS, con el argumento de que, dicho por la dirección y no por un especialista en Neurología, el Pramipexol (medicamento que sí le surten) es equivalente a la Rasagilina (medicamento que no quieren surtirle).
"Esta declaración es completamente falsa y respaldada por la neuróloga Orozco, médico particular, en la que declara que no son equivalentes, ya que cada una realiza diferentes funciones", replicó.
"La Rasagilina es medicamento neuroprotector inhibidor de la monoaminooxidasa, que estudios internacionales revelan evita al máximo progresión de la enfermedad, ya que es una enfermedad neurodegenerativa. El Pramipexol es un agonista dopaminergico con función sobre hacer durar más tiempo la levodopa en el cuerpo, son funciones distintas", se lee en el resumen clínico hecho por la doctor Denice Orozco Garza, neuróloga clínica y neuropsiquiatra, certificada por el Consejo Mexicano de Neurología.
Ante el fallo, contestaron al juez anexando dicho resumen clínico y solicitando que la judicatura federal se debe de manejar por los principios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual se debe proteger el derecho a la salud.
Pide que se pida la intervención de neurólogos especialistas en el tema, ya que se puso en duda si el tratamiento, que actualmente el IMSS receta nivel nacional, es el adecuado.
Cada caja de Rasagilina, que dura un mes, le cuesta mil 650 pesos y la consulta cada tres meses con un particular, alrededor de 900 pesos.
"Que se determine por medio de asociaciones civiles contra el parkinson o neurólogos a nivel internacional, que el tratamiento de las instituciones públicas de salud no es el adecuado, ya que está acelerando la enfermedad, agregando la falta de la atención especializada se convierte en un acto negligente", añadió.
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