Mazatlán, Sin.- El desplazamiento forzado a causa de la violencia en el sur de Sinaloa ha trasgredido las dimensiones sociales, políticas, económicas, de educación, alimentación y en general de la calidad de vida y la salud mental de los desplazados.

El proceso de desarraigo de su lugar de origen que experimentó cada una de las personas o familias, aunado a los sentimientos de desesperanza, tristeza, enojo, temor y la situación de vulnerabilidad en la que quedaron, son factores que han configurado su actual panorama, donde las medidas de protección y atención han sido escasas.

"Son personas que vienen de haber vivido una situación que los puso en una condición de vulnerabilidad muy severa, principalmente por hechos violentos o de alto impacto. El simple hecho de que te desplacen de tu comunidad, que te desarraiguen de tu comunidad, es un impacto", señaló la psicóloga Bertha Consuelo Hernández Lizárraga.

La especialista menciona que al cambiar sus hábitos, su entorno y su estilo de vida para adaptarse de un manera obligada a unas condiciones que ellos no pidieron, los expone en muchos casos, a lo que se llama estrés postraumático.

"Que le das un pie de casa, un trabajo temporal, medidas paliativos para resolver a corto plazo su principal necesidad que definitivamente es la vivienda, la alimentación y quizá trabajo, pero las consecuencias en la salud física y mental no hay que separarla en este caso", agregó.

El hacinamiento es otro de los detonantes de trastornos de salud mental más severos, al no contar con los recursos económicos y adaptándose al estilo de vida en la ciudad, la mayoría de las familias deciden juntarse y compartir los gastos de una casa, llegando habitar hasta ocho integrantes en una vivienda de dos habitaciones; las condiciones de tener un espacio vital o tener privacidad no son prioridad cuando el recurso económico no es suficiente.

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A todo eso se le suma las pesadillas, los trastornos del sueño o los terrores nocturnos derivados de las escenas violentas que vieron, escucharon o vivieron.

"Ellos no lo asocian, es como si fuera parte de su destino o parte de lo que les tocó vivir por vivir en la sierra, que es parte de algo que les podía pasar, pero no alcanza a identificar que eso que están viviendo es consecuencia de un estrés postraumático", explicó.

Más que olvidar sus experiencias, indica Hernández Lizárraga, se trata de ayudarlos a resignificarse y a valorar que están vivos, que han sido capaces de superar ese estado de crisis emocional y que no merecen lo que vivieron o que no era su destino.

"Ayudarles a qué se den cuenta que si son capaz y que tienen apoyo y que pueden pedir ayuda y pueden reconocer que tiene miedo, que están tristes, enojado, que reconozca que no es justo lo que vivieron y empezar a construir resilencia", indicó.

Desafortunadamente, y a pesar de que en Sinaloa desde el 2017 hay una ley de Salud Mental, las medidas de prevención y atención han sido nulas hacia con los desplazados. La psicóloga señala que en el estado no existe la estructura para atenderles o considerar, dentro de la gran problemática que ellos están sufriendo, sus necesidades emocionales y de salud mental.

Se estima que en el puerto hay alrededor de 600 familias desplazadas; en Villa Unión 300 y en Concordia 400, donde aún está pendiente la compra de terrenos. Vivienda, empleo, servicios de salud, de alimentación y educación son las necesidades más apremiantes.

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