Mazatlán, Sin. -Desplazados y familias pobres urgen al gobierno municipal y estatal a que se pongan de acuerdo para la compra de reserva territorial y dotación de predios para poder acceder a créditos o programas de vivienda.
Miguel Angel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense mencionó que el pasado lunes se reunieron con el gobernador Rubén Rocha Moya, quién le dijo que sí el municipio ponía la reserva territorial ellos se comprometían a introducir los servicios, pero al día de hoy ni siquiera el mandatario estatal se ha puesto de acuerdo con el primer edil mazatleco.
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Agregó que en el MASS hay mil 500 familias pobres con necesidad de vivienda que no tienen solvencia para acceder al mercado que actualmente se está construyendo en el puerto.
"Para llegar al mercado de la vivienda ahorita es imposible, las viviendas que están para el norte son de 2 millones a 4 millones de pesos, entonces la gente no puede pagar, la mayoría son pescadores son amas de casa, son trabajadores eventuales de la construcción, son jornaleros agrícolas, son desplazados, son gente, pues que no tiene recursos para llegar a ese mercado", dijo.
Apuntó que no están buscando que se le regale la vivienda, solamente que se les dote de terrenos para que, posteriormente, el Gobierno Federal pueda financiar vivienda con pagos de acuerdo a sus posibilidades económicas.
"Que se le financie de acuerdo a las posibilidades de cada gente, los gobiernos municipales y el estatal pueden comprar terrenos uno y el otro, poner servicios y luego ponerlo a disposición al Gobierno Federal para que pueda decir hay tantos créditos", apuntó.
Lo que se plantea en la compra de 15 hectáreas en Mazatlán para dotar al menos a 700 familias de terrenos.
Sin vivienda
Gutiérrez Sánchez añadió que en dos años no se ha construido vivienda para desplazados en Sinaloa; las últimas que se edificaron fueron las 55 en Mazatlán durante el sexenio de Quirino Ordaz Coppel.
Pese a que en el 2023 la Secretaría de Bienestar y Desarrollo sustentable presupuestó 30 mdp para la construcción de vivienda (10 millones por cada zona) al final se reasignó a la introducción de servicios públicos.
