Diputados proponen “amarrarle” las manos al Ejecutivo en la entrega de Fiats

Advierten en iniciativa que, en la selección de notarios, siempre hay la sospecha de que en algunos casos ha existido tráfico de influencias, pago de prebendas políticas

Irene Medrano Villanueva | El Sol de Sinaloa

  · martes 26 de enero de 2021

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Culiacán, Sin.- Ante la inconformidad que hubo entre diputados de Morena con el gobernador Quirino Ordaz Coppel a fin de año, al criticar que el gobernador entregó 54 fiats a amigos, compadres y además pagó cuotas políticas, amiguismo y compadrazgo, además de que la balanza de la justicia no fue pareja con la equidad, por ello, presentaron una iniciativa para amarrarle las manos al Ejecutivo.

En tribuna se dio primera lectura a la iniciativa de la diputada de Morena, María Victoria Sánchez y del diputado del PRD Edgar González, donde proponen que los testigos sociales sean propuestos por el Congreso del Estado, para darle máxima transparencia al otorgamiento de fiat notariales.

La iniciativa de reforma a la Ley de Notariado después de recibir la primera lectura, fue turnada para su estudio a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En la iniciativa expresan que en la selección de notarios, siempre hay la sospecha de que en algunos casos ha existido tráfico de influencias, además de que estos nombramientos han sido utilizados como pago de prebendas políticas y favores a amigos y familiares de quienes se encuentran cerca del poder.

Estas circunstancias son posibles, aseguran, a raíz de la falta de transparencia en los procesos que se utilizan para la aplicación de las evaluaciones teóricas y prácticas que deben llevar a cabo los aspirantes a notario, de los cuales, la ciudadanía solamente conoce el resultado final, y no tiene participación alguna como observador del proceso.

Por lo tanto, es claro que no existen mecanismos de transparencia, dado que los ciudadanos sólo se enteran de los resultados de la selección, pero no de las de evaluaciones, ni de los procesos de calificación, ni mucho menos de las deliberaciones, bajo este panorama es evidente que el procedimiento no cuenta con mecanismos de publicidad que garanticen la imparcialidad.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

“Por lo anterior, proponemos que la aplicación y celebración de la prueba práctica y la prueba teórica sean transmitidas en vivo o diferida, en la página electrónica oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa. Asimismo proponemos que, los informes sobre la calificación y resultados de la convocatoria que emita el Jurado, sean de carácter público y en formato de datos abiertos”, señalan.

Detallan que también consideran apremiante la incorporación de una figura jurídica novedosa, denominada testigos sociales en la Ley de Notariado del Estado de Sinaloa, básicamente su función consistirá en lo siguiente: Ser representantes de la sociedad civil, que actúen como observadores externos en el procedimiento de otorgamiento de nuevas notarías públicas. Con el fin de promover la transparencia y disminuir el riesgo de corrupción.

“Proponemos que los testigos sociales sean elegidos por la mayoría de los diputados integrantes del pleno, del Congreso del Estado de Sinaloa, esto con el fin de que se elijan a personas honorables y destacadas en el ámbito jurídico que puede fungir como observadores del procedimiento y en caso de detectar corrupción denuncien dichos hechos”, indican.

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Por otro lado, advierten que de los resultados de la última convocatoria para entrega de Fiats celebrada por el Gobierno del Estado de Sinaloa, se observó con claridad la transgresión al principio de paridad de género, a juzgar por la desproporcionada, por lo que proponen que se atienda la participación equilibrada de hombres y mujeres.

En las reformas a la Ley de Notariado propusieron que la aplicación y celebración de la prueba práctica y la prueba teórica sean transmitidas en vivo o diferida en la página electrónica oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, además que los informes sobre la calificación y resultados de la convocatoria que emita el Jurado, sean de carácter público y en formato de datos abiertos.





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