Mazatlán, Sin.- La pandemia por el coronavirus vino a suponer un importante desafío para la salud pública, al incidir en todos los ámbitos de la vida de las personas, pero también reveló la importancia de la atención a la salud mental y de los especialistas en la materia.
En el 2017 se aprobó la Ley de Salud Mental de Sinaloa, en la que se dice que todas las personas, residentes o transitorias, sin importar condición socioeconómica, política o de religión, tienen derecho a recibir atención en el tema, pero para eso se requiere que existan los espacios con personal especializado y acreditado para brindar el servicio.
La sicóloga Bertha Consuelo Hernández Lizárraga, quien impulsó dicha ley, señaló que hay algunas "debilidades" que no han permitido ejercer el estatuto.
Lo primero, dijo, según marca el mismo documento, es crear un Consejo Estatal de Salud Mental, pues es este el que establece las acciones e impulsa que se cuente con los recursos y medios para que la población pueda ser atendida.
El gobernador del estado figuraría como el presidente honorario y la secretaría ejecutiva debe ser presidida por el secretario de Salud.
Agregó que dentro de la Secretaría de Salud existe nada más un departamento de Salud Mental que tiene un alcance de operación en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, los Uneme-Cisame (Unidades Médicas Especializadas-Centro Integral de Salud Mental).
Además de las estancias del sistema DIF o el Instituto de la Mujer, donde se cuenta con un sicólogo o sicóloga, los espacios son insuficientes.
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Tenemos una debilidad importante al no contar con espacios a disponibilidad de la ciudadanía,
Culiacán tiene lo que es el Crece, un centro de salud emocional incluyente, pero atiende a personas de Culiacán y en el sur del estado no tenemos nada", dijo.
La tercer debilidad es la prevención; al no existir el comité estatal anteriormente mencionado, tampoco existen programas específicos vinculatorios, cada institución hace lo que puede con lo que tiene.
"La sicoeducación, la prevención en niños, niñas, adolescentes, con adultos mayores porque no hay programas específicos y los programas no son vinculatorios unos de otros, es decir, la SEP tiene sus programas de educación socioemocional, el CIJ hace lo suyo, pero todos de una manera aislada, cada uno hace lo que puede dentro de sus condiciones pero como tal no hay una institución", agregó.
La especialista menciona que al personal de la salud mental no se le ha reconocido su importancia, ni tampoco lo grave del problema, que se traduce en las fuertes secuelas emocionales de la pandemia.
"Es cuestión de revisar hacia dónde iba el discurso de todos los candidatos: economía, seguridad y todo eso por supuesto que es muy importante, pero necesitamos que las personas estén sanas, que haya espacios para recuperarse, y sobre todo, la parte en la que quisiéramos incidir mucho, es en la parte de la prevención en los niños, adolescentes que están sanos", mencionó.
Al aumentar la presencia de trastornos de ansiedad o el incremento del consumo de sustancias adictivas, es mejor y más económico, tanto para las autoridades como para las familias, prevenir que tratar.
"Parte de toda esta crisis sanitaria tiene un carga emocional muy fuerte, empezando por el asunto del confinamiento, la ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos del sueño; todas las pérdidas que se han venido acumulado, desde los hábitos cotidianos hasta las pérdidas económicas y humanas", resaltó.
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