Mazatlán, Sin.- El pasado 21 de junio un juez de control vinculó a proceso a integrantes del Comité de Adquisiciones que operó durante la segunda administración del ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por el presunto delito de desempeño irregular de la función pública en relación a la compra irregular que se hizo de 2 mil 139 luminarias por un monto de 400 millones 864 mil 204.47 pesos.
En esa audiencia inicial, que se llevó a cabo en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral del Centro, el juez otorgó un plazo de cuatro meses de investigación complementaria, misma que vencerá el 21 de octubre y como medidas caudales se dictó que los imputados acudieran a firmar una vez al mes a la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país sin permiso.
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Los vinculados son Nayla Adilene Velarde Narváez, ex oficial mayor y presidenta del comité; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex director de Obras Públicas y primer vocal; José David Ibarra Olmeda, ex director de Servicios Públicos y segundo vocal y el regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde como tercer vocal.
¿Dónde están hoy los implicados?
Desde finales de octubre y principios de noviembre del 2022, poco o nada se sabe de los ex funcionarios luego de que fueran despedidos al iniciar la administración de Edgar González Zatarain, tras la renuncia de Benítez Torres a la presidencia.
Mientras que Conde Alcaraz sigue conservando su puesto como regidor en el Ayuntamiento, percibiendo un sueldo mensual bruto de 24 mil 657.9 pesos y un complemento de 20 mil 476 pesos, entre otras prestaciones, el resto "desapareció" del servicio público, a excepción de Nayla Velarde Narváez.
Poco después de que fuera despedida del Ayuntamiento, se incorporó a la Secretaría de Turismo, cuando Luis Guillermo Benítez Torres fue titular a invitación del gobernador Rubén Rocha Moya.
El 29 de noviembre de 2022 el propio "Químico" confirmó que Nayla era parte de su equipo y que se había integrado en la dirección de Proyectos Especiales.
"Nos dieron la instrucción de que venía a colaborar con nosotros y bienvenida, a mí me consta que es muy buen elemento", declaró ese día.
El 8 de febrero el gobernador destituyó a Benítez Torres, luego de que la Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso local el inicio de juicio de procedencia para quitarle el fuero constitucional y enfrentar dos acusaciones por desempeño irregular de la función pública durante su gestión como presidente municipal.
Desde entonces y hasta la fecha, Nayla se había mantenido con un perfil bajo en la Sectur, pues en el organigrama de la dependencia aparece todavía como funcionaria, pero ahora en como directora de Proyectos de Inversión, donde de acuerdo a información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, su salario bruto mensual es de 26 mil 923.1 pesos.
Luego de que fuera vinculada a proceso trascendió que le habrían pedido su renuncia, de acuerdo a una fuente cercana en Sectur, y se confirmó que ya no asiste a la oficina desde que acudió a Culiacán a la audiencia. Pero hasta el día jueves 28 de junio no hay ninguna renuncia firmada.
Se buscó confirmar con la titular de la Sectur, Estrella Palacios, si Nayla seguía adscrita a la secretaría, pero "bateó" la pregunta diciendo que se tenía que ir porque iba a una reunión, esto en un evento en Zona Dorada el martes 26 de junio.
¿Y el resto de los integrantes?
De este comité también formaron parte Javier Alarcón Lizárraga, ex tesorero municipal, el hoy alcalde Edgar González Zataráin, quien en ese entonces era secretario del Ayuntamiento y la síndica procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, como testigo de calidad.
De acuerdo a lo dicho por el Ministerio Público en la audiencia inicial, algunos funcionarios prefirieron no firmar el contrato por las irregularidades en las que se pretendía celebrar, entre estos González Zatarain y Cárdenas Díaz.
En el caso del primero se expuso que este se habría negado a firmar y que el alcalde en turno (Luis Guillermo Benítez Torres) le respondió que si no lo hacía presentara su renuncia, misma que le entregó, pero le fue negada.
Se dijo también que cuando se percató que habían falsificado su firma en el documento acudió a interponer una denuncia ante la Fiscalía.
En la audiencia se dio a conocer que hicieron un peritaje sobre la rúbrica en el contrato y se encontró como apócrifa.
En cuanto a Benítez Torres y Alarcón Lizárraga, trascendió que serían vinculados a proceso en semanas posteriores, pues hasta ahora sólo enfrentan un juicio penal por la compra irregular de dos carros y cinco motocicletas que fueron regaladas el Día de las Madres en el 2022.
¿Llegará la justicia?
Parece ser que los procesos están caminando, aseguró la regidora América Carrasco Valenzuela, quien fuera una de las denunciantes de la compra irregular.
Los procesos están siguiendo su vía y todo indica que las autoridades encargadas de impartir justicia están haciendo su trabajo y dependerá ya de cada uno de los que aparecen en la denuncia, aportar los medios probatorios para justificar su actuar, sus acciones u omisiones, agregó.
"Quedan todavía temas pendientes y quedan también denuncias que no han agotado todo el procedimiento, habrá que esperar que el proceso definitorio siga su curso, vamos a estar dándole seguimiento, por lo pronto estamos viendo que están saliendo resoluciones que van encaminadas en ese sentido", explicó.
La edil pasista mencionó que hasta el momento, como denunciante, no ha sido notificada ni tampoco ha podido checar cómo van las carpetas de investigación.
Respecto a las declaraciones de los imputados, quienes se han justificado diciendo que el ex alcalde los obligó a firmar el contrato, Carrasco Valenzuela recordó que la comisión de un delito es tanto por acción como por omisión.
"A nosotros el Código Penal nacional nos obliga a que denunciemos todo aquel hecho que se crea puede ser un delito o que pueda reunir ciertas características de delitos y en ese sentido no podemos culpar a otros por acciones y omisiones propias", señaló.
La compra
En marzo del 2022 el Comité de Adquisiciones de Mazatlán firmó un contrato con la empresa Azteca Lighting para adquirir 2 mil 139 luminarias por un monto de 400 millones 864 mil 204.47 pesos.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado determinó que se hizo violando los lineamientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, al realizarse por adjudicación directa, cuando debió haber sido por licitación pública al rebasar el monto permitido.
Vinculación a proceso
La vinculación a proceso es la resolución por la que un juez de control determina la situación jurídica del imputado, es decir, si puede quedar en libertad o si debe enfrentar un juicio penal por los hechos que se le atribuyen.
Es prácticamente la etapa intermedia de la investigación y significa que ya hay formalmente una acusación. Este proceso se puede llevar en prisión preventiva o en libertad.
Ser vinculado a proceso no significa ser culpable, esto se determinará hasta que se emita una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria.
