Mazatlán, Sin.- Alrededor de 300 desplazados por la violencia de comunidades como El Palmito, Potrerillos y La Petaca, en Concordia, se manifestaron este viernes a las afueras de Palacio Municipal para exigir atención inmediata ante la crisis de inseguridad que les afecta.
Los afectados, en su mayoría familias que han abandonado sus hogares por el temor a la violencia del crimen organizado, denunciaron la falta de apoyo por parte de las autoridades locales y estatales, además de condiciones de vida precarias, como la falta de alimentos, atención médica y refugio adecuado.
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José Carlos González, representante de los desplazados, relató que, desde su llegada a Mazatlán, las autoridades han mostrado desinterés por brindarles el apoyo necesario.
"Les solicitamos ayuda de cobertores porque están durmiendo en el piso. Es una obligación, está en la ley de desplazamiento forzado interno, pero nos ignoraron", declaró González, quien también denunció que, en algunos casos, niños desplazados que requieren atención médica urgente no han recibido la asistencia necesaria.
Según el activista, la situación es más grave para los infantes que han sufrido agresiones sexuales o que padecen enfermedades graves como el cáncer.
"Tengo niñas y niños, algunos violados, otros con cáncer, y sin atención, niñas violadas, es mucho lo que pasan", expresó González.
La situación fue captada en video y se viralizó en redes sociales, donde se documentó que los policías municipales también impidieron el acceso al grupo de manifestantes.
Además de la falta de apoyo institucional, González acusó directamente al gobernador Rubén Rocha Moya de ser uno de los principales responsables del problema.
"El gobernador fue coordinador de asesores de Aguilar Padilla y Quirino Ordaz, y durante su mandato se generaron algunos de los peores desplazamientos en la historia reciente de Sinaloa", afirmó.
Añadió que, a pesar de los recursos destinados a los desplazados, como los 70 millones de pesos asignados en tres años, no se ha construido ni una sola vivienda para quienes han tenido que huir de sus comunidades.
La crisis de los desplazados en Sinaloa es parte de un problema mayor que afecta a miles de personas en el estado, donde se calcula que más de 12 mil 500 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia.
"Esto no es solo un problema de Mazatlán, es de todo el estado", insistió González, quien pidió el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina para garantizar la seguridad de las personas desplazadas.
A pesar de las denuncias y la solicitud de apoyo, las autoridades municipales y estatales han permanecido en silencio, mientras la situación de los desplazados sigue siendo crítica.
Cuando acabó la mesa de seguridad, los desplazados que acudieron pasaron a la sala de cabildo, pero no se han revelado más detalles.