Culiacán, Sin.- Después de que el juez de control difiriera la audiencia inicial contra los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señalados por la presunta comisión del delito de desempeño irregular de la función pública, la Fiscalía General del Estado acusó a los imputados de forzar el aplazamiento de la audiencia.
En un comunicado, el órgano de investigación indicó que los imputados destituyeron a sus abogados con el propósito de dilatar el proceso. La FGE relata que los defensores plantearon al juez diferir la audiencia con el argumento de que recién se habían hecho de información contenida en 7 tomos que no pudieron revisar detenidamente y señalaron que no podían efectuar una defensa adecuada de los indiciados.
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No obstante, la fiscalía expuso que la información estaba disponible para que fuera recogida desde el 25 hasta el 30 de agosto.
Se expuso que los representantes legales de los acusados, excepto Norma Alicia "A" y Juan Eulogio "G", presentaron cada uno un escrito idéntico en su contenido, con el "argumento" de que todos estaban trabajando en un amparo contra una resolución de otra causa penal, todo esto buscando justificar su ausencia en las fechas señaladas.
Además, se explica que 13 horas antes de la audiencia programada para este miércoles, el imputado Salvador "P", a través de su abogado particular, presentó un escrito al que anexó mil 030 fojas relacionadas con la cancelación de facturas.
El órgano de investigación acusó que sí existían condiciones para que se celebrara la audiencia y afirma que los datos de prueba comprendidos en los 7 tomos, de los cuales los abogados no sabían el contenido, quedarían de lado al momento de hacer la solicitud de vinculación a proceso.
Asimismo, detalló que el juez de control abrió la audiencia con la premisa de que no se permitiría que en la formulación de imputación se utilizara el contenido de los últimos tomos de las carpetas de investigación.
En este sentido, la FGE señala que ante esta situación, los abogados defensores y el asesor jurídico de las víctimas presentaron un recurso de revocación que fue negado por el juez.
Ante ello, los funcionarios indiciados decidieron revocar a sus abogados particulares y, con ello, forzar el aplazamiento de la audiencia y fijar una nueva fecha que se estableció para el 10 de noviembre de 2023.
