Fiscalía de Sinaloa es el primer lugar en quejas por derechos humanos

La Secretaría de Educación Pública y Cultura ocupa el segundo lugar, según la CEDH

Josemiguel Souza / El Sol de Sinaloa

  · miércoles 17 de julio de 2024

La FGE recibió un total de 177 quejas. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Culiacán, Sin. - La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa a la cabeza de la lista de entidades con mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó el presidente del organismo, José Carlos Álvarez Ortega, al dar el informe anual.

Durante el 2023, la CEDH recibió un total de 3 mil 256 quejas, de las cuales 2 mil 387 fueron resueltas de manera inmediata. Se solicitaron 112 medidas precautorias o cautelares a diversas autoridades estatales y municipales, y se conciliaron 190 quejas para una resolución más rápida de los conflictos presentados.

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“La CEDH continúa trabajando en la protección de los derechos humanos que corresponden a la constitución y toda nuestra atención está en cumplir en la función que tenemos”.

La fiscalía encabezó la lista con 177 quejas, seguida por la Secretaría de Educación Pública y Cultura con 88 quejas, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 44 quejas. La Secretaría de Salud del Estado recibió 19 quejas y el Poder Judicial del Estado 14 quejas.

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Mazatlán registró 79 quejas, el Ayuntamiento de Culiacán 56 quejas, el Ayuntamiento de Ahome 18 quejas y el Ayuntamiento de Guasave 11 quejas. Estas cifras reflejan las preocupaciones ciudadanas sobre la actuación y gestión de estas entidades.

La CEDH emitió 26 recomendaciones, de las cuales 25 fueron aceptadas en su totalidad. Los hechos violatorios más recurrentes fueron la dilación o irregular integración de la carpeta de investigación (98 casos), uso excesivo de la fuerza pública y malos tratos (52 casos), violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública (49 casos), abuso de autoridad (41 casos), detención arbitraria (41 casos), violación del derecho a la protección de la salud (32 casos) y omisión de proteger la integridad física o psicológica de niñas, niños y adolescentes (33 casos).