Culiacán, Sin.- Apenas hace cinco días la Auditoría Superior del Estado, entregó la cuenta pública del 2020 del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar esta misma cuenta hizo observaciones por un millón 300 mil pesos, pero, en Mazatlán el daño patrimonial es por 823.4 millones de pesos.
El universo fiscalizado por la ASF a Sinaloa correspondiente al 2020 es de más de 45 mil 500 millones de pesos, de ellos, tiene una observación de solo un millón 300 mil pesos que corresponden a retenciones en pago de estimaciones a contratistas por concepto del tres por ciento pero se aclara que proviene de un error administrativo que se refleja en la cuenta específica del FISE y no causa un daño patrimonial a las finanzas estatales.
Se advierte que ese posible faltante que se detectó durante la auditoría que se realizó al Fondo para la Infraestructura Social para las Entidades, todavía el estado está a tiempo de solventarlo mostrando la documentación correspondiente al correcto uso del recurso público por parte del Ejecutivo durante el año que se audita.
El desglose de las observaciones ascienden de acuerdo al Informe de Resultados a mil 108 millones de pesos de distintos entes fiscalizados, entre ellos, Municipio de Mazatlán 823.4 millones de pesos; Municipio de Ahome, 118.4 millones de pesos; Universidad Autónoma de Sinaloa, 79.5 millones de pesos; Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México: 67.5 millones de pesos; Municipio de Culiacán 6.9 millones de pesos, Municipio de Navolato1.4 millones de pesos y Ejecutivo del Estado de Sinaloa 1.3 millones de pesos.
Cabe recordar que las cuentas públicas correspondientes a la administración del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, siempre estuvieron bajo la lupa del Poder Legislativo encabezado por el grupo mayoritario de Morena.
El ex gobernador se defendió usando el veto de bolsillo, incluso presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las cuentas públicas del 2017 que le fueron rechazadas.
En lo que se refiere a la cuenta pública del 2018, la Auditoría Superior del Estado, la aprobó, situación que contrarió a la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política Graciela Domínguez quien dijo que no era posible que se haya aprobado la cuenta pública del Gobierno del Estado de 2018 con observaciones por 77 millones de pesos, como tampoco era posible que la ASE emitiera una determinación técnica donde aprobaba esta cuenta pública sólo porque maneja un universo muy grande de presupuesto.
“Aquí se trata de administrar bien la totalidad de los recursos”, dijo
Igual la cuenta pública del 2019 fue reprobada y Ordaz Coppel volvió a hacer uso del veto de bolsillo, recurso usado por los gobernadores para no dar valor legal a un decreto, cuando no está de acuerdo con ellos, al no publicarlos en el periódico oficial.
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