El pleito político entre el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa escaló a la confrontación con la Auditoría Superior del Estado, luego de que personal acudió a realizar una diligencia en la que insistieron en notificar al rector Jesús Madueña en persona.
Por más de 8 horas, el abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga y la contadora de la institución, estuvieron con los abogados de la ASE, quienes no querían aceptar a Lizárraga como representante legal de la Universidad, a pesar de demostrar con notario presente, que tiene dicho carácter, sostuvo el litigante.
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La jornada por entrar a los fondos de ingresos propios de la UAS vivió una jornada tensa, ya que según explicó Lizárraga Otero, los auditores sostenían llamadas con supuestos jefes que les daban línea para cambiar una y otra vez el acta que estaban levantando.
"Llenaron un acta que no participamos porque no corresponde con la realidad. Nos causó extrañeza que los auditores estuvieron realizando llamadas con supuestos superiores y continuamente iban modificando el acta", apuntó el litigante.
Dijo que se trató de un absurdo que en el acta dijeran los enviados de la Auditoría que la UAS se negaba primero a recibir el oficio, cuando él estaba ahí para recibirlo en su carácter de jurídico.
Luego pusieron en el acta que la UAS se negaba a ser auditada cuando en este momento la Auditoría Superior de la Federación realiza tres auditorías a los fondos.
Y sobre todo, enfatizó Robiespierre, lo más extraño y que además causa agravio a la UAS, es que la diligencia con los auditores concluyó a las 6 de la tarde, pero a las 4 con 16 minutos, la titular de la ASE, Emma Félix, ya estaba declarando que sancionarían a la Universidad.
"La licenciada Emma Félix ya estaba reportando en un medio de comunicación a las 4:16 de la tarde que la Universidad sería sancionada, cuando ni siquiera se terminaba la diligencia. Nos causa agravio y extrañeza", dijo.
Aseguró que el artículo 1 de la Ley Orgánica de la UAS señala que la ASE carece de facultades para auditar los fondos, ya que es la Auditoría Superior de la Federación la indicada.
También la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria califica a la UAS como una entidad de control indirecto que escapa a la auscultación en sus ingresos propios por parte de la ASE.
Aseguró que esta forma de actuar del Congreso del Estado violenta la suspensión definitiva concedida a la Universidad, que mientras esté un juicio de amparo en trámite, no puede el Poder Legislativo continuar embistiendo a la institución.
