Culiacán, Sin.- La Universidad Autónoma de Sinaloa ha iniciado el proceso para renovar las direcciones de 32 escuelas preparatorias y facultades; sin embargo, las autoridades han decidido llevar a cabo la selección, ignorando las leyes que rigen a la casa de estudios.
Los problemas jurídicos que involucran a funcionarios de la UAS no son algo nuevo. Desde 2023, diversas carpetas se han judicializado por presuntos gastos irregulares y supuesto abuso de poder por parte de la élite universitaria.
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Nuevamente, los líderes de la institución se ven envueltos en la controversia, esta vez por incumplir lo establecido en sus propias leyes al impedir que miles de estudiantes de 32 preparatorias y facultades voten por quienes dirigirán las administraciones de sus centros educativos.
Proceso a oscuras
La convocatoria fue lanzada a finales de octubre del presente año, y en el documento oficial se indicaba que la selección se realizaría conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la UAS, antes de la reforma llevada a cabo por la sexagésima cuarta legislatura.
En este proceso están involucradas 32 preparatorias y facultades. Tras el anuncio, no tardaron en surgir grupos de estudiantes que exigieron ser tomados en cuenta para la designación de autoridades.
“No estamos del lado del grupo que controla la UAS ni de ningún otro; queremos participar como estudiantes”, afirmó Estefanía Higuera, estudiante de Psicología.
De acuerdo con lo establecido por la UAS, los aspirantes comparecerán ante la Comisión de Selección en sesiones públicas vía Zoom. Sin embargo, estas comparecencias no se difunden ni se comparten en las páginas oficiales de la institución. Tampoco se han publicado los nombres de los aspirantes.
Hasta el momento, Candelario Ortiz Bueno, en su calidad de encargado del despacho de la rectoría, lidera la universidad, pero no ha hecho declaraciones públicas para aclarar o defender el proceso que se lleva a cabo al margen de la ley.
El Sol de Sinaloa buscó a Ortiz Bueno y realizó llamadas al jefe de Comunicación Social de la UAS, Arnoldo Valle Leyva, y no obtuvo respuesta a las peticiones de entrevista.
Democracia
Las modificaciones hechas por el Congreso y publicadas en el Diario Oficial del Estado establecen que las autoridades universitarias, como los directores, deben ser electos por voto popular de la comunidad universitaria.
A pesar de esto, las autoridades de la UAS han optado por ignorar los cambios aprobados y continuar operando bajo los antiguos estatutos. La presidenta de la JUCOPO, María Teresa Guerra Ochoa, advirtió que la institución se está encaminando a una situación compleja por no acatar la ley.
“Nosotros no quisiéramos que esto escalara a sanciones administrativas o penales, pero hasta el momento no hay comunicación con las autoridades, a pesar de que hemos reiterado tener la puerta abierta”, comentó.
Controversia judicial
Desde la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica el 2 de octubre, varios consejeros universitarios y funcionarios han promovido amparos, argumentando que el procedimiento fue ilegal al realizar una consulta universitaria encabezada por el Congreso sin la autorización de la UAS.
De los 21 recursos promovidos hasta el 27 de octubre, 10 fueron desechados y los demás cuentan con suspensiones provisionales mientras se resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, la diputada Guerra Ochoa afirmó que estos amparos no proceden, ya que ninguno de los promoventes es el representante legal de la UAS, es decir, el rector.
Nuevas denuncias
Además de los más de diez cargos que enfrenta el rector Jesús Madueña Molina y otros funcionarios por presuntas compras irregulares, recientemente se presentó una nueva denuncia ante la Auditoría Superior del Estado contra Robespierre Lizárraga Otero y Candelario Ortiz Bueno.
Lizárraga ocupó el cargo de encargado del despacho de la rectoría hasta que un juez ordenó su separación, siendo Candelario quien lo reemplazó. La denuncia menciona que dicho cargo no está contemplado en la ley y que el estatus de ambos funcionarios es ilegal.
Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE, informó que se inició una investigación al respecto: “Es ilegal en materia administrativa y en responsabilidades administrativas; se puede mencionar incluso que son autoridades de facto, porque no están facultados para ello y legalmente sus actos no tienen valor jurídico”, explicó.
Contradicción judicial
Aunque 10 amparos han sido desechados, consejeros y funcionarios de la UAS obtuvieron suspensiones provisionales en otros recursos. Por otro lado, el Juzgado Séptimo de Distrito de Sinaloa concedió la suspensión de un amparo a estudiantes y ordenó a la universidad convocar elecciones conforme a lo estipulado en su Ley Orgánica vigente.
El secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, quien era presidente de la JUCOPO cuando se llevó a cabo la reforma, declaró que la problemática se resolverá en los juzgados. En su opinión, si incluso jueces y magistrados se eligen por voto popular, los funcionarios de la UAS también deberían someterse a un proceso democrático para ocupar altos cargos.
“Si hablamos de procesos pedagógicos, que sea el voto universal de la comunidad universitaria la fuente para determinar las autoridades; esto es lo correcto pedagógicamente hablando en tanto procesos formativos de los estudiantes”, afirmó.
Por lo pronto, los aspirantes a directores continúan compareciendo en secreto y en diciembre el Consejo Universitario dará a conocer los nombres de los ganadores.
