Mazatlán, Sin.- Docentes del Conalep II Mazatlán, desistieron de marchar esta mañana, desde el Malecón hasta el Palacio Municipal, en forma de protesta para exigir el reconocimiento de sus salarios íntegros y prestaciones laborales.

La marcha, que estaba programada para iniciar a las 8:00 de la mañana de este jueves, primero se pospuso a las 10:00 horas y de último minuto esta fue suspendida.

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Los pocos maestros y maestras que se reunieron en el malecón dijeron que llegó el "telefonazo" para que no hicieran nada que entorpeciera las negociaciones en Culiacán, incluso las pancartas que fueron a colocadas afuera del plantel, que se ubica en la calle Aquiles Serdán, y que tenían inscritas las leyendas "Queremos trato digno", "Pago completo de quincenas", "Alto al hostigamiento", "Exigimos legalidad", fueron retirados.

El día miércoles 6 de abril los profesores del Conalep I y II, adheridos al Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, se declararon en paro indefinido de labores, junto al resto de los planteles en todo Sinaloa, como protesta para defender sus derechos antes las represiones, que ellos consideran, se les han hecho por parte del director general, Wilfredo Veliz Figueroa, al no reconocerles su contrato colectivo.

Yolanda Trejo Rodríguez, delegada del Conalep II en Mazatlán, señaló que son 416 maestros los que están siendo afectados en sus contratos colectivos; se cumplieron 16 quincenas donde los docentes de diferentes áreas no han recibido su salario, añadió que en el puerto son alrededor de 50 maestros los que están en esa situación y dos maestros ya fueron notificados de su despido.

Indicó que hay maestros que están ganando de uno hasta 100 pesos, se les fue reduciendo su salario debido a que sus contratos como docentes son irregulares, de acuerdo a las autoridades de Conalep, además de quitarles sus prestaciones que por años han estado ganando.

Además de exigir el reconocimiento de sus salarios íntegros y prestaciones laborales, acusaron que las autoridades quisieron comprar el contrato colectivo de trabajo por 10 millones de pesos