Culiacán, Sin.- La diputada de Morena Yeraldine Bonilla advirtió que pese a que ésta Legislatura expidió la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, en el estado se evidencia la poca intención de investigar a fondo las desapariciones, por lo que exhorto a la Fiscalía General del Estado para que actúe con mayor apego a la legalidad en esta materia.
Recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió el 20 de enero de 2020, la Recomendación General No. 1/2020 “Desaparición de Personas en el Estado de Sinaloa”, dirigida entre otras autoridades, a la Fiscalía General del estado, en la que dice --y lo cito—“advertir con absoluta preocupación que en todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación que forman parte de los expedientes de queja y que, a su vez, se han generado de los casos denunciados por desaparición de personas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se evidencia la poca intención de investigar a fondo".
Destacó que fue una constante el verificar que los agentes del Ministerio Público enviaban los oficios de investigación una y otra vez a la policía investigadora y ésta no daba respuesta inmediata, transcurriendo meses en este supuesto, y el expediente sin moverse, dejando en total indefensión a la víctima directa, negando el acceso a la justicia a los familiares y revictimizándoles en este supuesto.
Es urgente ---pide por lo tanto— una investigación activa por parte del Ministerio público, pues fue una constante el percatarnos que la investigación se basa solamente en requerir información a distintas autoridades, enviando y recibiendo oficios, sin mayor actividad al respecto, esto es, las investigaciones son de escritorio y pocas veces se amplían con investigación empírica y de campo.
La diputada de Morena precisó que de acuerdo con la recomendación, a pesar de los beneficios y la eficacia de la prueba de ADN para establecer criterios de identificación de personas, fue posible advertir que no se requirió de manera inmediata a los familiares de las víctimas directas su autorización para practicarles las pruebas pertinentes y de esta manera conformar un registro de datos que facilite la identificación de personas o restos humanos encontrados.
Asegura que se detectaron averiguaciones previas y carpetas de investigación en las que no se requirieron pruebas de ADN, así como en las que transcurrieron meses y hasta periodos de tres años después de interpuesta la denuncia en las que el Ministerio Público se demoró en requerirlas.
Dijo que un elemento que con toda seguridad ilustra la vigencia de la recomendación es el caso de Deivick Jesús Flores Portillo, revelado la semana pasada por los medios de comunicación.
El joven desapareció el 28 de mayo de 2019; su cuerpo se buscó por más de un año en fosas clandestinas, mientras sus restos al parecer siempre estuvieron sin identificar en el servicio médico forense, de manera lógica, este caso ha causado indignación no sólo de la familia de la víctima sino de toda la sociedad.
A pesar de lo anterior, añadió, la Fiscalía General asegura que se determinan 14 identificaciones de manera mensual y aunque revela que el Servicio Médico Forense carece de personal adscrito de manera exclusiva, sus resultados se producen por un equipo multidisciplinario de 38 especialistas en medicina forense, un antropólogo, 8 odontólogos, 5 especialistas en genética, 45 criminalistas y 10 especialistas más en área de dactiloscopía, todos ellos integrantes de la estructura de la Dirección General de Investigación Pericial.
“Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Morena hace un exhorto a la Fiscalía General del Estado para que atienda en sus términos la Recomendación General No. 1/2020, emitida el 20 de enero de 2020 por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y actúe con mayor apego a la legalidad en esta materia para que no se repitan experiencias tan lamentables, injustas e inhumanas como la del joven Deivick Jesús Flores Portillo”, finalizó.
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