Mazatlán, Sin.- La demanda de juicio político contra Luis Guillermo Benítez Torres, ex alcalde de Mazatlán, que se entabló por parte de 10 asociaciones civiles el pasado 14 de noviembre, ya fue reconocida por el Congreso del Estado como viable.
Sin embargo, hay ciertos detalles que dejan con duda e inconformidad a los denunciantes y es que acusan que el Congreso no está manejando con mucha transparencia y claridad el proceso.
También puedes leer: “El Químico” no ha devuelto los 60 millones pendientes a Azteca Lighting
René Castro Lizárraga, abogado y representante legal de las organizaciones, detalló que a partir de que se acepta la demanda como viable se cuentan siete días, mismos que se le dan al imputado para que el alegue a lo que a su derecho corresponda, ya sea personalmente o a través de un abogado.
Hasta ahorita, agregó, el Congreso no ha notificado el emplazamiento al imputado, ni tampoco a ellos se les notificó de manera formal que la demanda fue aceptada.
Además, dejaron que se empalmaran los dos procedimientos de demandas de juicio político contra el hoy secretario de Turismo, pues hay que recordar que regidores del Partido Sinaloense también interpusieron una demanda hace unos 30 días.
En pocas palabras, no ven celeridad, seriedad ni transparencia.
"No es conveniente para la sociedad que una demanda de este tipo se esté manejando políticamente en vez de jurídicamente como corresponde".
La autoridad lo protege
Castro Lizárraga mencionó que la demanda de juicio político puede quedar de lado si el gobernador, Rubén Rocha Moya, le quita el cargo como secretario de Turismo, es decir, si le quitan ese fuero, y lo dejarían entonces en "libertad" para que se defienda y para que la ciudadanía pida cuentas.
Cuestionó además la postura del mandatario estatal, quien ha dicho que Benítez Torres tiene derecho a la presunción de inocencia o que no quitará el fuero hasta que no sea llamado por un juez; no obstante, considera que lo único que el gobernador Rubén Rocha Moya está haciendo es jugarle el dedo en la boca a la ciudadanía.
"Aquí no cabe la presunción de inocencia porque él es un indiciado, está sujeto por la ASE ante la Fiscalía General del Estado a una denuncia penal, la cual no tendrá efectos mientras él tenga fuero", dijo.
Explicó que el juez podrá llamar a cuentas al "Químico" siempre y cuando no tenga la protección del estado. Para que pueda ser llamado por un juez tiene que estar libre de protección de fuero.
Si quiere actuar bien, añadió, desde darle la oportunidad al pueblo para que se exprese y éste demanda justicia, de lo contrario, estas acciones dan señales de complicidad y protección indebida.
"Lo más lamentable es que no es hora que regresen los 60 millones de pesos, finalmente quien va a poner el dinero va a ser el gobierno del estado", apuntó.
Otra demanda
Por su parte Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense adelantó que interpondrá una nueva demanda judicial en contra de LGBT por violación a los Derechos Humanos de las familias desplazadas y colonos pobres de Mazatlán, a quienes se les negó el derecho de audiencia y por tanto nunca recibieron atención por parte del municipio.
Señaló que el pasado 3 de mayo se entabló la denuncia ante la CEDH y el 23 de ese mismo mes la Comisión les dió la razón.
Protestas
Anunciaron que harán un plantón el próximo fin de semana, cuando visite el estado y municipio el secretario de gobierno, Adán Augusto López Hernández, a quién le solicitarán que le quiten la protección a Benítez Torres.
De no haber respuesta tomarán el Congreso del Estado el próximo 6 de diciembre.
