Mazatlán, Sin.- Más de 200 millones de dólares son los que no podrán ingresar al país producto del embargo que el gobierno de Estados Unidos ha establecido para el camarón de exportación, con lo que la economía del sector se pone severamente en riesgo, declaró Miguel Rousse Acosta.
El gerente de la comercializadora Mexican Shrimp Paradise advirtió que se avizora un panorama difícil, porque de subsanarse los requerimientos, hasta el mes de noviembre se podría estar retomando la comercialización del camarón en el país norteamericano.
“Por un lado, como industria estamos, haciendo una gran labor de posicionar nuevamente el camarón después de la pandemia, porque en Estados Unidos ya hay un alto porcentaje de la población vacunada, la actividad económica está resurgiendo muy fuertemente, lo cual ha generado una demanda alta y ahora tener que decirles a los clientes: ‘no te voy a poder surtir porque estoy embargado’, pues eso quita mucha credibilidad y una mala imagen para el camarón mexicano”, dijo.
Rousse Acosta detalló que del total de la producción de camarón silvestre mexicano, el 70% se envía a Estados Unidos y genera una derrama superior a los 200 millones de dólares.
"Se caería completamente, sobre todo en un escenario de recuperación del mercado tras la pandemia, además, esto generaría que camarón de menor precio como el que exportan otros países de Latinoamérica y Asia, ganaran terreno y por el que tendrían que luchar una vez que recuperen el estatus positivo", expresó.
El gerente de la comercializadora Promarmex consideró que este veto al camarón mexicano es reflejo de la desatención del gobierno de México en temas de suma importancia como la inspección y vigilancia de los mares, así como de las artes de pesca que se utilizan, entre ellos el correcto uso de los Dispositivos Excluidores de Tortuga.
Ante ello, es urgente hacer compromisos reales y atender con presupuestos y programas las necesidades del sector, que desde el inicio de la presente administración se dejó de lado.
“Una vez que el barco sale del muelle, ya no hay control sobre el barco, entonces ahí es donde entra la autoridad, porque un barco pescando en altamar está bajo la jurisdicción de las leyes mexicanas y las leyes aplicables exigen que debe de haber ese tipo de auditorías e inspecciones en el mar y no se están haciendo”, indicó.
Agregó que el gobierno a través de la cancillería debe mandar oficios solicitando la revisión para una nueva certificación, con tiempos aún desconocidos, pero se espera que los inspectores lleguen iniciando la temporada de capturas en el mes de septiembre, entonces una vez hechas las revisiones se emitirá nuevamente una calificación.
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