Mazatlán, Sin.- A dos meses de haber presentado una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por presuntas irregularidades al interior del Acuario Mazatlán en contratos de arrendamiento de un terreno para estacionamiento de visitantes y para servicios del propio Ayuntamiento, por el orden de los 2 millones 330 mil 913 pesos, en el que se involucra a 4 funcionarios en turno, 3 ex funcionarios y 2 particulares, el director de Observatorio Ciudadano, Gustavo Rojo Navarro, hizo un llamado a la ASE para que notifique e inicie las investigaciones al respecto.
Dijo que la sanción por faltas administrativas graves puede ser desde la amonestación privada hasta la inhabilitación y el resarcimiento del daño.
En dichos contratos están involucrados, el director del Acuario, Pablo Gerardo Rojas Zepeda, el titular del Órgano Interno de Control de dicha paramunicipal, David González Cruz, el contador Ángel García Acuña, y el administrador, Luis Ernesto Montaño Ley.
También aparecen, Celia Jáuregui Ibarra, ex directora del Acuario; Marcia Judith Padilla, ex encargada de Recursos Humanos, y Miguel Ángel Arellano, ex contador.
Están también involucrados los particulares Jorge Alejandro Orozco Bartning y María Guadalupe Orozco Bartning, con quienes se formalizó los contratos de arrendamiento.
“Son procesos algo tardados, confiamos que la ASE haga su investigación más rápida, sabemos que tienen mucho trabajo, es una parte que tienen que atender, la parte de la denuncia ciudadana, las denuncias que presentamos no lo hacemos si no tenemos todos los elementos, no hemos hecho ninguna denuncia por hacerla, todas son fundadas y motivadas, acompañadas con pruebas”, expresó.
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Refirió que las sanciones dependerán de los resultados de la investigación que realice la Auditoría Superior del Estado, y con base en eso emitirá una resolución, en caso de comprobarse las faltas administrativas graves, se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa, que es la encarga de emitir las sanciones correspondientes.
El primer contrato de arrendamiento data desde el 25 de junio de 2018, se trata de un terreno de 3 mil metros cuadrados para ser usado como estacionamiento de vehículos de visitantes al Acuario, y fue por 209 mil 748 pesos, con vigencia hasta diciembre de 2018, lo suscriben por parte de la paramunicipal, la ex directora Celia Jáuregui Ibarra, con el particular Jorge Alejandro Orozco Bartning, albacea de María Guadalupe Bartning Gámez.
Sin embargo, al momento del contrato, el particular tenía una deuda de 3.7 millones de pesos al Ayuntamiento de Mazatlán por concepto de Impuesto Predial, lo cual viola el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, en su artículo 6, fracción XV, que establece que no se podrá celebrar contratos con aquellos que no estén al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales o que tengan adeudos pendientes por multas con el Municipio.
El contrato 2, se firmó el 1 de enero de 2019, con vigencia a marzo del mismo año, esta vez lo formalizó el actual director Pablo Rojas Zepeda, ahora con una superficie de 16,400 m2; el Acuario pagó 71 mil 499 pesos al particular, quien a esa fecha debía ya 4.2 millones de pesos por concepto de Predial.
Por la vigencia del contrato, el 1 de abril de 2019, el Acuario Mazatlán pagó 857 mil 999 pesos, al momento de la firma del tercer contrato, la deuda del arrendatario ya había ascendido a 4.2 millones de pesos por Predial.
Y el 1 de enero de 2020, el Acuario formalizó un contrato de transacción sobre el contrato de 2019 para el uso del predio de 15 mil 400 metros cuadrados, con una extensión de vigencia del arrendamiento hasta el 30 de septiembre de 2021, que a febrero de este año, la paramunicipal ha erogado 1 millón 191 mil 666 pesos por la renta de dicho predio.
Gustavo Rojo aclaró que la denuncia se centra más en la violación del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, en su artículo 6, fracción XV, que se puede considerar como una falta administrativa grave.
CIFRA
- 2.3 millones de pesos ha pagado Acuario en contratos de arrendamiento de un terreno para estacionamiento, en los que se presume hubo faltas administrativas graves.
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